El juez impone una fianza de 7 millones de euros para los 19 investigados por el incendio de Chiloeches

Segundo día de toma de declaraciones a los investigados por el incendio de la planta ilegal de residuos de Chiloeches, ocurrido el pasado 26 de agosto. Castilla La Mancha Media ha tenido acceso al auto del juez que instruye el caso en el que impone una fianza de 7 millones de euros para los 19 investigados. Serían 7 millones 187 mil euros que deben ser resarcidos de manera solidaria entre todas las partes. El juez tiene en su poder un informe de la Guardia Civil que valora en más de 5 millones de euros los costes de descontaminación de los terrenos afectados por ese incendio del 26 de agosto.

Según ha podido conocer Castilla La Mancha Media, la mayoría de los imputados en este caso, han recurrido ya el auto. En cuanto a la jornada de este martes, el turno era para los hermanos Layna, cuya empresa tenía arrendada la nave donde se produjo el devastador incendio. El juez cree que se habrían puesto de acuerdo, junto con otras empresas del sector, para ocultar la salida de productos tóxicos sin tratar desde la planta de Chiloeches con destino a vertederos de residuos no tóxicos, a pesar de cobrar por la gestión de esos residuos a las empresas que les encargaban su gestión.

Por eso el juez en un durísimo auto les , imputa los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento público. Este martes también estaba prevista la declaración del exalcalde de Chiloeches, Cesar Urrea, pero por motivos de agenda su declaración se ha pospuesto al 24 de enero.

Son 19 los investigados por este incendio. Este martes ha sido el turno de los tres hermanos Layna. En su auto el juez dice que la empresa 27.000 toneladas de residuos peligrosos en esta nave que luego mezclaban con otros residuos que trasladaban a otros vertederos. Camuflarían así estos residuos nocivos que les permitían obtener importantes beneficios económicos.

A los tres hermanos Layna se les acusa de delitos medioambientales, además de delitos de pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. El exalcalde de Chiloeches, César Urrea, que finalmente declarará el 24 de enero, está acusado de prevaricación medioambiental por facilitar que esta empresa realizara su actividad delictiva.