Arranca el juicio contra Chaves y Griñán por la macrocausa de los ERES

Elena Garcia Fermosel
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Comienza el juicio de los ERES con expectación máxima: 150 periodistas acreditados, 114 testigos y 12 peritos. En total 22 altos cargos de la Junta de Andalucía procesados. Hasta enero los expresidentes Chaves y Griñán no tendrán que declarar por supuestos fraudes en ayudas.

Ambos han llegado casi 40 minutos antes de su cita con el juez. Los ha sentado en primera fila, en sillas no en el habitual banquillo de los acusados. Para Chaves la Fiscalía pide 20 años de inhabilitación. Para Griñan 6 años de prisión por un presunto delito de malversación y prevaricación continuada en la concesión de presuntas ayudas irregulares a empresas y en prejubilaciones al margen de la ley.

Con ellos hay otros 20 altos cargos de la Junta, como la exministra Magdalena Álvarez. El juez ha empezado con casi 1 hora de retraso y hasta el viernes estarán con las cuestiones previas . Después se suspenderá y hasta el 9 de enero no empezarán las declaraciones de los dos exdirigentes socialistas: juntos suman 22 años de Presidencia en San Telmo.

El PSOE sostiene que son un ejemplo. No como hacen otros partidos. Mercedes Alaya, la magistrada que destapó la presunta trama, ha entrado en la Audiencia poco después de los procesados. Su incorporación precisamente a la Audiencia la dejó fuera del caso.

La causa

La presunta megatrama de corrupción saltó en MercaSevilla por una denuncia por soborno que comenzó a investigar hace ya 7 años la jueza Mercedes Alaya. La magistrada detectó prejubilaciones aparentemente fraudulentas, llevadas a cabo desde 2001.

Fue ella la que mandó a este hombre, al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, a la cárcel, por conceder ayudas supuestamente ilegales a empresas. En un solo día Francisco Javier Guerrero llegó a dar subvenciones públicas por valor de 1.3 millones de euros a su propio chófer.

La Justicia le sitúa como uno de los cabecillas de la trama que funcionaba así. Se creó un fondo especial más conocido como de reptiles. Dotado con 855 millones de euros para ayudar a las empresas ante la dureza de la crisis. De aquí se hacían transferencias a un organismo público, ahora llamado Agencia Idea y ya aseguradoras y sindicatos, los intermediarios, iban repartiendo sin control, sin que lo supieran los los interventores.

Anticorrupción cree que unas 200 empresas en crisis se beneficiaron de estas ayudas durante una década y que la factura para la Junta por estas presuntas irregularidades casi llega a los 750 millones de euros.

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