• Viernes 18 de Agosto de 2017

El juez cifra en unos 25 millones de dólares el desfalco al Canal de Isabel II

Este viernes continúan las declaraciones de los detenidos, entre ellos el expresidente madrileño Ignacio González.

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El juez Eloy Velasco cree que el desfalco a las arcas públicas por parte de los detenidos por el caso del Canal de Isabel II ascendería a unos 25 millones de dólares, unos 23,3 millones de euros al cambio actual, tan solo en la operación que supuso la compra de la brasileña Emissao.

El juez plantea esa cifra en el auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que ordenó el ingreso en prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el exgerente del Canal Adrián Martín, detenidos en la operación Lezo junto al expresidente madrileño Ignacio González.

Auto en el que afirma que ambos estarían implicados en el desvío de ese dinero a paraísos fiscales para enriquecer “injustamente” a “determinadas personas”. Sostiene el magistrado que en 2013 se compró la empresa brasileña Emissao, “hipervalorada ficticiamente”, adquisición que se hizo sin ningún tipo de control para el “desvío de dinero público madrileño” a “cuentas bancarias de terceros países con opacidad”.

Precisamente el exgerente del Canal de Isabel II Adrián Martín ha pagado este viernes la fianza de 100.000 euros que el juez Eloy Velasco le impuso  tras interrogarle por la operación Lezo y esta tarde saldrá de prisión, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Una investigación que se ha declarado secreta en la que fueron detenidos Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte del expresidente en Latinoamérica y cesado hace un año como presidente de Inassa, y la exdirectora financiera del Canal María Fernandez Richmond, entre otros.

En el marco de esta causa, la Guardia Civil ha registrado varias empresas, entre ellas OHL, Indra y PriceWaterhouseCoopers (PwC), para buscar información que pudiera vincular la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid con una presunta financiación irregular del PP.

El caso Canal tiene unas cinco derivaciones, una de ellas la de Inassa, otra de blanqueo de dinero por parte de Ignacio González y su hermano Pablo (también detenido) y otra sobre la financiación ilegal del PP de Madrid

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