La policía investiga el suicidio de una trabajadora de Iveco tras la difusión de un vídeo sexual
La comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares ha abierto una investigación sobre el caso de la mujer, trabajadora de Iveco, que se quitó la vida el sábado tras difundirse entre sus compañeros de trabajo un vídeo sexual suyo de hace cinco años, ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
La Policía ha abierto la investigación de oficio, ya que la fallecida no había interpuesto denuncia. Los agentes están analizando el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa que trabajaba, del grupo Iveco.
De momento, no hay detenidos y se investiga si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas.
La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.
Penas de tres meses a un año de cárcel
Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de la toledana Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
Fue una innovación de la reforma del Código Penal de 2015, ya que hasta entonces solo se consideraba delito la difusión de un vídeo de carácter íntimo si se había tomado en un lugar privado sin autorización del protagonista o si las imágenes habían sido robadas.
El anteproyecto de la reforma del Código Penal que fue aprobado en 2015 se presentó por vez primera en 2012, en plena polémica por la difusión de un vídeo íntimo de la concejal de Los Yébenes (Toledo) Olvido Hormigos y el artículo modificado entonces vuelve a la actualidad tras el suicidio de una trabajadora de Iveco después de que circulara un vídeo suyo de contenido sexual.
CCOO denunciará a Iveco por no activar el protocolo de acoso sexual
El sindicato Comisiones Obreras denunciará a Iveco ante la Inspección de Trabajo por el caso de la trabajadora que el pasado sábado se quitó la vida después de que se difundiera entre los empleados un vídeo de ella de carácter sexual de hace cinco años. El sindicato entiende que es un accidente laboral y que, además, la empresa, no activó el protocolo de acoso sexual incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En un comunicado, CCOO de Industria traslada su pésame a la familia, a las amistades y a los compañeros de la trabajadora de IVECO, afiliada a este sindicato. Entiende que lo ocurrido es un "claro" caso de acoso sexual y denunciará ante la Inspección de Trabajo "la inacción de la empresa automovilística, que se negó a activar el protocolo cuando supo lo que estaba ocurriendo en el interior de la factoría" desde el pasado 23 de mayo. "La mujer estaba siendo acosada por un compañero y no hizo nada para evitarlo", ha recalcado.
Desde CCOO afirman que desde el momento en el que sindicato tuvo conocimiento de los hechos, se puso en contacto con su afiliada y le explicó las medidas que podía tomar al respecto. Le aclaró que podía solicitar la apertura del protocolo para la prevención del acoso sexual por razón de sexo en la empresa o tomar medidas judiciales de carácter civil contra la persona que había difundido las imágenes, denunciando los hechos por violencia de género y vulneración de la intimidad, entre otros.
La sección sindical de CGT en Iveco Madrid ha lamentado el suicidio de esta trabajadora. Los compañeros han explicado que Verónica, de 32 años, temía que el vídeo llegara a manos de su marido, lo que parece que sucedió el pasado viernes.
También han comentado que la trabajadora acudió la pasada semana para comentar los hechos a Recursos Humanos de la empresa, situada en el polígono madrileño de San Fernando de Henares, donde trabajan unas 2.500 personas. Según otros medios de comunicación, desde ese departamento la instaron a denunciar lo sucedido, pero ella rechazó hacerlo.
