El fiscal califica el "procés" de golpe de Estado con medios violentos

El fiscal Javier Zaragoza ha responsabilizado este martes a los acusados en el juicio del “procés” de protagonizar “un golpe de Estado” entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y ha subrayado la “violencia” a lo largo de ese último mes “insurreccional”.

En la lectura de su informe final ante el Tribunal Supremo, Zaragoza ha defendido la acusación de rebelión para los principales implicados porque ese tipo penal “no necesita violencia grave ni violencia armada”; el “procés”, ha dicho, fue “un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público”, por lo que no puede ser considerado una sedición.

Ha denunciado los intentos de convertir actos de violencia, intimidación y acoso en expresiones del derecho a reunión y manifestación cuando en realidad, según sus conclusiones, ha quedado probado que hubo “violencia física, compulsiva e intimidatoria”.

Junqueras, “motor principal de la rebelión”

La Fiscalía ha presentado este martes al exvicepresident Oriol Junqueras como el “motor principal de la rebelión” dado que es quien ejercía el “liderazgo” del “procés” y “quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que eso se produjera”.

En la presentación de su informe final den el juicio del “procés”, el fiscal Javier Zaragoza ha situado a Junqueras en el primer puesto de responsabilidad en los hechos como así lo demuestra a su juicio que asumiese la vicepresidencia de la Generalitat, interviniese en el decreto de convocatoria del referéndum, declarado ilegal, e hiciese numerosos llamamientos a la movilización.

Además, ha recordado que, junto con el expresident Carles Puigdemont -huido en Bélgica- y el exconseller Forn, fueron advertidos por la cúpula de los Mossos de la “altísima probabilidad de accidentes violentos” y se les pidió desconvocar el 1-O.

Sin olvidar, ha proseguido Zaragoza, que dos de sus principales cargos políticos, Lluis Salvadó y Josep María Jové, fueron “los encargados de toda la infraestructura y desarrollo de las estructuras de Estado”.

Los Jordis “fueron los reyes y señores del orden cívico”

La Fiscalía del Supremo ha definido al expresidente de la ANC y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, como “los reyes y señores del orden cívico de Barcelona” que “impartían órdenes a los Mossos” y “condicionaron” la actuación de la Guardia Civil en otoño de 2017.

El fiscal Javier Zaragoza ha resaltado la responsabilidad de los Jordis, para quienes pide 17 años de cárcel por un delito de rebelión.
Y es que el ministerio público considera que Sànchez y Cuixart “se convirtieron en los dueños del orden público” hasta el punto que los Mossos d’Esquadra dependían de sus decisiones y llegaron a condicionar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que fueron desplegados en Cataluña.

“Lo anormal es que se concentren más de 40.000 personas con agresiones a Mossos no uniformados”, ha dicho Zaragoza en relación a la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía.

Para Zaragoza, en el otoño de 2017 hubo un “estado de excepción de facto” donde las funciones de orden público fueron asumidas “por unos civiles”.

La Abogacía defiende que la violencia no formó parte del plan de los acusados y sólo cometieron sedición

La abogada del Estado Rosa María Seoane ha defendido este martes en la exposición de conclusiones definitivas del juicio del ‘procés’ independentista en el Tribunal Supremo la condena por sedición al entender, al contrario de lo sostenido por la Fiscalía, la utilización de la violencia “como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza” no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los encausados.

Para la representante de los Servicios Jurídicos del Estado, la resistencia activa o pasiva al cumplimiento de la Ley que se escenificó de forma especial en la jornada del 1 de octubre de 2017 puede incardinarse perfectamente en el tipo de sedición del artículo 544 del Código Penal, que comprende la existencia de un “alzamiento público tumultuario” que incluye el uso de la fuerza. Para la rebelión que defiende la Fiscalía se precisa un alzamiento “violento” que según esta acusación no se puede aplicar a los hechos que hoy se juzgan en el alto tribunal.

Para Seoane, “queda fuera de toda duda” que los hoy procesados en prisión, “cada uno dentro de su rol, hicieron su parte” y fueron coautores de la sedición, pero no se dan los requisitos del tipo que exige el artículo 472, relativo a la rebelión. Y todo ello pese a producirse un “alzamiento” ,especialmente en la jornada del 1-O, de dos millones de personas que se movilizaron de forma masiva en toda Cataluña.

Esta postura supone, en síntesis, una rebaja casi a la mitad de las penas solicitadas por los Servicios Jurídicos del Estado respecto a las instadas por la Fiscalía, ya que se quedarían entere los 8 y 12 años de cárcel. Las del Ministerio Público, sin embargo, van desde los 25 años solicitados para Oriol Junqueras a los 17 para algunos acusados de rebelión, rebajándose a 7 años en el caso de los tres acusados únicamente de desobediencia y malversación.

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