Seis años de cárcel para José Antonio Griñán, expresidente andaluz, por el caso ERE

El expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación a la trama política del caso ERE, informa EFE.

Nueve años de inhabilitación por prevaricación ha sido la sentencia para el otro expresidente implicado, Manuel Chaves.

Magdalena Álvarez, exconsejera andaluza de Economía y Hacienda de la Junta ha sido condenada a nueve años de inhabilitación especial, también por prevaricación.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial acaba de hacer pública la sentencia de la ‘pieza política’ del caso ERE en la que figuran 21 acusados.

Ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para el exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, por un delito continuado de malversación, y a diez años de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación.

Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010, ha sido condenado a 7 años, 11 meses y 1 día de cárcel por malversación y a 19 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por prevaricación.

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien fue el que en el año 2000 ideó el sistema de pago de los ERE en Andalucía, ha sido condenado a siete años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación y prevaricación.

[Consulta aquí las diez claves del proceso del caso ERE]

Las otras sentencias

La Audiencia de Sevilla ha condenado al exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías a 10 años de inhabilitación para empleo en cargo público al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación en el caso de los ERE.

La exviceconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada este martes por la Audiencia de Sevilla a diez años de inhabilitación como autora de un delito continuado de prevaricación y ha sido absuelta del delito de malversación, por el que el fiscal pedía seis años de cárcel.

El exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA Francisco Vallejo ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a 8 años de cárcel y a 30 de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso de los ERE de la Junta de Andalucía.

Ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para el exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, por un delito continuado de malversación, y a diez años de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación.

La exviceconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de prisión y 15 de ihhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación en concurso medial con uno de prevaricación.

Juan Márquez, exdirector de Trabajo, condenado a siete años y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación.

 José Salgueiro, exviceconsejero de Hacienda ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

Condenado a siete años y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación, Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo.

Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación y exvicepresidente de IFA-IDEA, ha sido condenado a seis años y dos días de cárcel por delito continuado de malversación y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación.

El exdirector de la agencia IFA-IDEA, Miguel Ángel Serrano, condenado a seis años y seis meses de cárcel por un delito continuado de malversación y 17 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación.

Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos, también ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

Absoluciones

El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha sido absuelto por la Audiencia de Sevilla de los delitos continuados de prevaricación y malversación por los que fue juzgado en el caso de los ERE y por los que la Fiscalía le pedía seis años de cárcel y 30 de inhabilitación.

Jacinto Cañete, exdirector de la agencia IFA-IDEA, también ha sido absuelto del delito continuado de malversación y condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

Juan Francisco Sánchez, exsecretario general técnico de Trabajo y exdirector de Administración y Finanzas de IFA-IDEA ha sido absuelto del delito continuado de malversación y condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

El exsecretario general de técnico de Empleo, Javier Aguado, absuelto del delito continuado de malversación y condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

Lourdes Medina, exsecretaria general técnica de Empleo, ha sido absuelta del delito continuado de malversación y condenada a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.La Fiscalía Anticorrupción le pedía seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

Los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en esta causa conocida han sido citados junto a sus procuradores, para hacerles entrega de un ‘pen drive’ con la sentencia íntegra, compuesta por unos 1.700 folios, y una copia del fallo en papel.

A estos ex altos cargos la Fiscalía les acusa de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas “totalmente opaco” al margen “de los ciudadanos” y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Cinco años de instrucción

Todo comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marcará el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado ‘fondo de reptiles’, de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la juez María Núñez Bolaños.

Cabe recordar que la instrucción la finalizó en 2016 el juez de refuerzo Álvaro Martín, quien elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo, cuyo magistrado Alberto Jorge Barreiro, instruyó el procedimiento contra los investigados que gozaban de aforamiento al ser diputados en las Cortes, como es el caso de los socialistas Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, no obstante la renuncia a sus escaños motivó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Todo ello después de que Barreiro dictara un auto en junio de 2015 en el que concluyó que los expresidentes de la Junta deberían ser juzgados por prevaricación descartando la malversación.

De hecho, en abril de 2015, el ya expresidente de la Junta de Andalucía y entonces senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó al término de su declaración en el Tribunal Supremo por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo “un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude” y eso significa que “alguno de los controles pudo fallar”.

Se irá al Supremo con casi total seguridad

Por otro lado, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, con total seguridad esta sentencia, sea absolutoria o condenatoria, acabará en el Tribunal Supremo, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que “le llevará años”.

Durante el juicio, tras la declaración de los 22 acusados –concluyeron en abril–, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral

A su término, tras concluir el informe final del ex director general de Presupuesto Antonio Lozano, el tribunal abrió el turno de derecho a última palabra de los 21 ex altos cargos encausados, que se limitaron a dar las gracias a la Sala, a excepción de los dos expresidentes.

Así, Chaves afirmó que no tenía “nada que añadir, salvo expresar el reconocimiento a la labor del tribunal y que las intervenciones de la Fiscalía y los abogados de las defensas”, indicando además que había sido “un cúmulo de conocimiento e información, una experiencia vital”, mientras que Griñán mostró su “pleno convencimiento y apoyo” a lo dicho por su letrado en agradecimiento al tribunal por su actuación y apoyo a la Sala. En aquellas fechas el juicio quedó visto para sentencia, que se hará pública este martes cuando los 21 ex altos cargos conocerán su futuro judicial.

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