Ángela, madre de una niña asesinada: "El Estado no protegió a mi hija"
Ángela Gonzalez lo tuvo claro desde el primer momento: su ex-marido mató a su hija porque el Estado no la protegió. Él estaba condenado por malos tratos y ella le había denunciado más de 40 veces por amenazas. A pesar de ello, los tribunales no suspendieron el régimen de visitas a su hija.
Un juzgado de Navalcarnero modificó el régimen de visitas a la menor y permitió que su ex-marido viera a su hija sin supervisión. Fue en una de estas visitas cuando la mató. Era 2003 y Andrea tenía tan solo siete años. Felipe disparó primero dos veces a su hija, después a su pastor alemán y, finalmente, a sí mismo acabando con su vida con el mismo revólver.
En 2015, una resolución del Comité de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), le dió la razón afirmando que el Estado no la protegió. Por ello, el estado español ha sido ahora condenado a indemnizarla con 600.000 euros.
Indemnización de 600.000 euros
Antes de lograrlo, durante los últimos quince años, Ángela se dedicó a que la justicia española reconociera que no se protegió a su hija. Fue un largo camino que le llevó a acudir a los juzgados ordinarios, la Audiencia provincial, la Nacional, el Tribunal Constitucional e, incluso, el Supremo.
Finalmente, en 2012 llevó su caso ante las ONU, donde sí que encontró amparo.
En su sentencia, el Tribunal Supremo reconoce que el Estado español cometió fallos en el caso de Ángela González y su hija "que provocaron lesiones y daño efectivo que ella no estaba obligada a soportar y que esto se produjo por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación antes y después del fallecimiento de su hija".
