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Telegram seguirá activo tras quedar sin efecto el bloqueo en España

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitó un informe a la Comisaría General de Información sobre la naturaleza de Telegram y entiende que la suspensión "supondría un claro perjuicio a millones de usuarios"

Pedraz acuerda, con carácter previo a la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram, solicitar a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la plataforma

Pedraz acuerda, con carácter previo a la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram, solicitar a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la plataformaDPA vía Europa Press

Redacción CMM
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Marcha atrás en la decisión judicial de bloquear temporalmente la plataforma Telegram en España. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado sin efecto la orden de bloqueo cautelar de la plataforma de mensajería acordada por este magistrado el pasado viernes porque sería una medida excesiva y no proporcional.

En su escrito explica que se ha constatado un hecho notorio que el instructor no puede ignorar y que es la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión y con ello debe plantearse si la medida resulta o no proporcional.

El juez solicitó un informe a la Comisaría General de Información sobre la naturaleza de Telegram así como la incidencia de la medida.

Según Pedraz, sin perjuicio de que es sabido que dicha plataforma es utilizada también para actividades delictivas, “ son más que múltiples usuarios de todo tipo ( particulares, empresas, funcionarios, trabajadores en general…) que han optado por utilizar Telegram, al brindarles unos “beneficios” que otras plataformas no dan. Y todo ello bajo una “ amparada privacidad”. También a que suponga que acepten que no se lleven a cabo las garantías necesarias para la protección de derechos de terceros con el intercambio de datos personales entre los usuarios de la aplicación. En definitiva, cesión de derechos fundamentales a cambio de una supuesta privacidad”.

Por todo ello el auto concluye que si se acordara la suspensión supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que utilizan esta aplicación de mensajería.

Además, el juez se basa en el informe policial aportado para indicar también el impacto económico que tendría la suspensión cautelar para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma.

Las operadoras de telecomunicaciones este lunes aún no habían recibido la orden de bloquear la red social.

La orden judicial deriva de una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus+ en la que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.

En dicho auto, el magistrado dirigía un mandamiento a las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet con autorización para operar en España para que procediesen a la suspensión de los recursos asociados a Telegram.

Una medida cautelar adoptada por el juez por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social Telegram.

Pedraz acordó la suspensión temporal de Telegram por considerar la medida, al igual que la Fiscalía, “necesaria, idónea y proporcional”, al entender que no hay otra alternativa para frenar la difusión de esos contenidos.

En su resolución, el juez explicaba que las autoridades de las Islas Vírgenes británicas (donde está la sede social de la empresa de mensajería) no han colaborado con la comisión rogatoria enviada a Telegram para que informase de determinados datos e identificara a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción.

La falta de información por parte de Telegram, argumentaba, no le permite continuar instruyendo la causa por lo que tomó la decisión de bloquear la plataforma para evitar “la reiteración de los hechos denunciados”.

La decisión judicial fue criticada desde diversos ámbitos profesionales y políticos, desde el Consejo de Ingenieros Informáticos hasta la organización de consumidores Facua, Vox y Podemos, así como por expertos del sector digital.

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