ACUERDO
Así protegerá la nueva indicación geográfica al damasquinado de Toledo o a la cuchillería de Albacete
La Unión Europea ha dado su visto bueno final al acuerdo entre instituciones para crear IGP a productos artesanales o industriales, 200 en España
El damasquinado de Toledo se protegerá como IGP, junto a la cuchillería de Albacete.
El damasquinado de Toledo, la cuchillería de Albacete o el encaje de Almagro quedarán protegidos por una nueva indicación geográfica a la que ya ha dado el visto bueno la Unión Europea.
Los 27 han aprobado este acuerdo entre instituciones para proteger aquellos productos artesanales o industriales que, por la singularidad de su origen y producción, deban ser protegidos como marca dentro de la Unión Europea y en los acuerdos comerciales con países terceros.
De esta forma, esta artesanía conseguirá la misma protección que desde hace décadas ya tienen el sector de la agroalimentación, como son los vinos o los quesos.
¿Cuándo entrará en vigor esta IGP?
Las nuevas reglas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque los países tendrán un plazo de dos años para trasladar la reforma a su ordenamiento jurídico.
El nuevo marco dará cobertura a cerca de 800 productos, como el cristal de Murano o la porcelana de Limoges, y España sería el país más beneficiado con más de 200 artículos, por ejemplo la cuchillería de Albacete, el calzado producido en Elche, la cerámica de Manises o la piel de Ubrique.
Criterios para ser IGP no agroalimentaria
El producto que aspire a la protección europea deberá cumplir tres criterios precisos:
- Ser originario de un lugar o región específicos.
- Que su calidad, reputación o características sean singulares de su origen geográfico.
- Que al menos uno de los pasos del proceso de producción se realice en la zona geográfica definida.
En la actualidad un total de 16 Estados miembro, incluido España, cuentan con sistemas nacionales de indicación geográfica para este tipo de producciones, pero su protección no es efectiva fuera de sus fronteras porque no existe un marco armonizado a escala comunitaria.
Por ello, se plantea un procedimiento simplificado basado en dos fases, la primera de ellas a nivel nacional para aprovechar los esquemas que ya existen en muchos de los países y evitar una excesiva carga burocrática y financiera a los productores interesados.
