Nicaragua celebra el aniversario de su revolución en plena crisis política y social
La comunidad internacional mira con recelo a Nicaragua, también, en un día como hoy, 19 de julio, cuando se cumplen 39 años de la histórica Revolución Sandinista.
La Policía Nacional ha prohibido el uso de armas para "garantizar la seguridad" durante la celebración de este aniversario, que en esta ocasión encuentra al país sumido en una crisis, que ha dejado más de 351 muertos en tres meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La institución de seguridad prohibió "la portación de armas de fuego y cortopunzantes, exceptuando a las autoridades de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Sistema Penitenciario Nacional, en el ejercicio de sus funciones".
La celebración de este año presenta un contexto particular, ya que diversos sectores de Nicaragua, como los estudiantes, campesinos, empresarios, productores, comerciantes, trabajadores, entre otros, piden la renuncia de Ortega, a quien lo definen como "dictador", igual que al derrocado dictador Anastasio Somoza.
Casi cuatro décadas después de la revolución, Daniel Ortega se aferra al poder como lo haría cualquier otro dictador. Y, no lo hace solo. Su esposa, Rosario Murillo, le acompaña desde la Vicepresidencia.
Once años de Gobierno le han permitido controlar el Ejército, la Policía y el Congreso. Organismos que utiliza sin reparo para contener las voces críticas contra su persona.
Una represión que se ha recrudecido en los últimos tres meses, y que ya se ha cobrado al menos 351 muertos y más de 1.500 heridos. El pueblo nicaragüense pide ayuda. Y la Comunidad Internacional responde.
La Organización de Estados Americanos le insta a que adelante las elecciones a marzo del año que viene, y la ONU solicita el fin de la violencia, mientras muestra su preocupación por la vulneración de los Derechos Humanos.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega siendo presidente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país".
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
EFE/CMM
