Más de cien víctimas de explotación laboral en el sector agrícola en la provincia de Albacete

Una actuación del Defensor del Pueblo ha permitido detectar las "graves condiciones" que afectaban a más de cien personas, víctimas de trata de explotación laboral en el sector agrícola y "hacinadas y en condiciones insalubres en varios alojamientos inadecuados de la provincia de Albacete".

Según el informe anual 2025 del Defensor del Pueblo, presentado este martes, en noviembre del pasado año esta institución supo, tras una intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, de las condiciones insalubres de más de 200 personas, en su mayoría jóvenes procedentes de Nepal e India, llegados a España, vía Grecia y Rumanía.

En una visita no anunciada a la zona el 12 de noviembre, el Defensor del Pueblo constató que "ninguno de los espacios en los que se hallaban los afectados cumplía unas mínimas condiciones de habilitación, seguridad y salubridad" y confirmó que la trata de personas afectaba a más de cien, en su mayoría hombres entre los 18 y 30 años.

Según el informe, estas personas se habían enterado de posibilidades laborales en España a través de las redes sociales o por otros ciudadanos de su misma nacionalidad que les informaban de posibles trabajos en el campo o en el servicio doméstico.

Las víctimas de trata habían llegado a España por sus propios medios, mientras que otros lo hicieron a través de agencias locales, contrayendo deudas de hasta 12.000 euros.

Tras la visita a las instalaciones, el Defensor constató que la situación de estas personas era "de total dependencia del empleador tanto para el alojamiento, como para la alimentación o el transporte".

"Ninguna de las personas entrevistadas había recibido un salario", a pesar de que les habían prometido un sueldo de seis euros por hora trabajada. Otros afirmaron haber cobrado entre 25 y 50 euros al mes, mientras que algunos sólo recibían comida y techo a cambio de su trabajo.

En el momento de la elaboración de este informe, el Defensor del Pueblo recibió unas primeras respuestas de la Fiscalía General del Estado, la Subdelegación del Gobierno de Albacete y la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social donde se reconocía "la imposibilidad de brindar la acogida necesaria a las potenciales víctimas por la carencia de medios idóneos".

En concreto, la Subdelegación del Gobierno ha informado de que se han concedido 182 autorizaciones de residencias hasta el momento de remisión del informe (febrero de 2026) y se han recibido 233 informes emitidos por la Guardia Civil relativos a personas identificadas como víctimas de trata de seres humanos que han colaborado con la investigación del delito.

Con independencia de esta actuación, que sigue abierta, el Defensor en el informe anual ha dejado claro "las barreras insalvables" que enfrentan las personas migrantes en situación irregular y que son víctimas de delitos.

En opinión del Defensor, se ha de garantizar la identificación administrativa de las potenciales víctimas desde el primer momento, "poniendo en marcha todas las medidas de protección que sean necesarias para asegurar no solo la paralización de expulsión, sino también la persona acceda a recursos adecuados para su acogida y atención".

Entiende el Defensor que hay "graves carencias" en el actual modelo de detección, identificación y protección para las víctimas de trata con fines de explotación laboral.

EFE