Aprobada en las Cortes la Ley de Despoblación

Elena Garcia Fermosel
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El proyecto de Ley de Despoblación llegaba al pleno tras ser debatido y aprobado la semana pasada en la Comisión de Asuntos Generales con la incorporación de 54 de las 102 enmiendas presentadas, 28 de ellas transadas.

Tras salir adelante, este texto se convertirá en la vigésimo primera ley en culminar su tramitación en la Cámara autonómica, la segunda de este cuarto período de sesiones tras la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA).

En su primera intervención, el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro ha hecho un repaso a la situación de despoblación que existe en Castilla-La Mancha. "Queremos corregir los desequilibrios" y ha pedido un apoyo unánime a la ley.

¿Qué contempla la Ley de Despoblación?

Incentivos Fiscales

Desgravación de hasta el 25 % de la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes fijen su residencia efectiva en zonas despobladas.

Una desgravación del 10 % para la construcción o rehabilitación de una vivienda, lo que en la práctica supone que con esas dos desgravaciones no se pagarían impuestos a la comunidad autónoma, ha explicado el vicepresidente regional.

También se prevén desgravaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se reduce al 50 %, lo mismo que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Facilitar la implantación de empresas, que además podrán tener hasta un 40 % de ayuda adicional en las líneas de ayudas.

Programa específico de Plan de Rehabilitación de Viviendas.

Acceso a la fibra óptica en todos los territorios.

Acceso a los servicios públicos

La ley contra la despoblación incluye asimismo medidas para garantizar que los ciudadanos que viven en zonas despobladas pueden acceder a los servicios públicos esenciales – sanidad, educación y servicios sociales- en iguales condiciones que el resto.

  • Se garantiza por ley los colegios rurales con un mínimo de cuatro alumnos.
  • Programa de Formación Profesional adaptada a la realidad de la comarca.
  • Contrato programa para enseñanzas no obligatorios para los jóvenes que viven en estas zonas.
  • Incremento de servicios en Atención Primaria con programas tecnológicos novedosos.
  • Acceso a las Urgencias en menos de 30 minutos
  • Asistencia farmacéutica.
  • Teleasistencia avanzada a mayores de 70 años.
  • Recursos residencial en menos de 40 kilómetros en su domicilio para permanecer en su comarca.
  • Programa especial a las personas con discapacidad.
  • Nuevo modelo de transporte público sensible a la demanda.

Consenso para aprobar la Ley de Despoblación

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, apelaba este jueves al consenso de los grupos parlamentarios para aprobar por unanimidad la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del medio rural con el "máximo respaldo".

Asimismo, ha remarcado que el principal instrumento de la nueva normativa será la Estrategia regional frente a la despoblación, cuya elaboración ha dicho que está "muy avanzada" y la cual tendrá una vigencia mínima de una década con revisiones cada cuatro años.

Martínez Guijarro ha destacado que se trata de una ley "transversal, pionera y muy participada" que marca el punto de inflexión para revertir la actual tendencia demográfica, si bien ha incidido en que no se trata de un fenómeno nuevo y ha defendido que el Ejecutivo regional trabaja en este asunto desde 2015 para reconstruir lo ocurrido durante el Gobierno del PP, "que se cebó con los recortes en el medio rural" y en cuya legislatura la región perdió 80.000 habitantes.

Además, ha subrayado que Castilla-La Mancha no ha querido esperar a que se impulse una estrategia nacional y ha elaborado su propia Ley, que se ha mostrado convencido de que servirá de ejemplo para otras autonomías, así como ha impulsado iniciativas como la Inversión Territorial Integrada (ITI) que ha permitido movilizar 1.000 millones de euros desde el año 2017 en fondos estructurales.

En la misma línea, la diputada socialista y ponente del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales que incorporó 54 enmiendas parciales al texto -28 de ellas transadas- de las 102 presentadas por los tres grupos, María Jesús Merino, ha remarcado que la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha es "pionera" y contiene medidas sociales, económicas y fiscales "realistas y concretas" para frenar el éxodo rural.

Merino y también la portavoz del PSOE, Ana Isabel Abengózar, han puesto el acento en que estas medidas y políticas que establece la Ley son para combatir la despoblación "a largo plazo" y más allá de esta legislatura, por lo que han asegurado que es necesario "el consenso de todos".

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Carmen Picazo, se ha mostrado "satisfecha" de que "por fin se tome en serio el reto demográfico y que no sea solo un anuncio o eslogan", y de que se haya llevado una Ley contra Despoblación a la Cámara autonómica, que ha afirmado que era el objetivo final de la formación naranja cuando propuso la creación de una comisión de estudio.

Picazo ha advertido de que la despoblación ha pasado de ser un problema a "un auténtico drama", por lo que ha instado a que la nueva normativa sea "una herramienta para salvar a los pueblos", los cuales ha lamentado que han estado durante mucho tiempo "abandonados por la clase política que no ha sabido, querido o podido frenar ese éxodo rural que ha llevado hasta la desaparición de algunos pueblos".

De su lado, el parlamentario 'popular' Benjamín Prieto ha afeado al PSOE que no quiera incorporar más enmiendas del PP al texto -36 han llegado vivas al pleno- porque, a su juicio, mejoran la Ley, al tiempo que ha lamentado que el discurso del vicepresidente regional "buscando la justificación y culpando a otros" no ayude al consenso.

No obstante, ha avanzado un posible voto positivo por el compromiso del PP con la mejora del mundo rural, si bien ha aseverado que contra la despoblación "no sirve una varita mágica" y lo que tiene que pesar es la "voluntad política", por lo que ha exigido al Gobierno regional que ponga la "lupa rural" siempre a la hora de legislar.

EFE

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