Respaldo unánime de las comunidades al Plan Estatal de Vivienda: C-LM recibirá 280 millones de euros

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, ha recibido finalmente el aval unánime de las comunidades autónomas y el Gobierno espera que marque un punto de inflexión y haya, a partir de ahora, una colaboración leal con el Ministerio de Vivienda.

Un Plan Estatal de Vivienda del que Castilla-La Mancha gestionará 280 millones de euros, que son 205 millones más que en el plan anterior. La asignación para 2026 será de 32 millones de euros, mientras que la distribución global movilizará una inversión de 280 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda.

Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros. 

Tras lograr el apoyo del conjunto de las comunidades, el Ministerio de Vivienda entiende que es un acuerdo importante por su contenido, pero también por el "poderoso mensaje" que lanza a la ciudadanía, ya que diferentes administraciones, de diferentes colores, "reman" juntas para resolver el principal problema de la ciudadanía. Todo ello, apunta, con el aval y consenso de las organizaciones sindicales, sociales y empresariales.

"Esperamos que el día de hoy marque un punto de inflexión y que a partir de ahora las CCAA colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda; no solo para desplegar el Plan Estatal, también para aplicar todas las medidas de la Ley de Vivienda que sirven para bajar los precios del alquiler y para frenar la especulación", señalan desde el Ministerio.

Claves del Plan Estatal de la Vivienda

El pasado 21 de abril el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula este nuevo Plan Estatal con el objetivo de elevar y proteger para siempre el parque público y protegido a precios asequibles.

Este plan recoge que el 60 % de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40 % lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.

Del total de fondos, un 40 % irán destinados a la construcción, un 30 % a la rehabilitación y otro 30 % a las ayudas.