ALBACETE
El campo de Castilla-La Mancha se moviliza por el precio del gasóleo: UPA convoca una protesta el 8 de octubre en Puertollano
La organización agraria ha convocado una concentración para el 8 de octubre frente a la sede de Repsol en Puertollano (Ciudad Real)
Imagen de la rueda de prensa de UPA en Albacete este 23 de septiembre
El campo de Castilla-La Mancha ha anunciado movilizaciones por la subida de los costes de producción, especialmente de los combustibles y fertilizantes. UPA ha convocado para el 8 de octubre una protesta en Puertollano.
La organización agraria ha convocado una concentración por los precios del gasóleo frente a la sede de Repsol. El combustible agrícola se ha encarecido un 50% en el último año y la ayuda estatal de hasta 20 céntimos por litro pese a que se prorrogue no compensa las pérdidas de los trabajadores del campo, a punto de comenzar la sementera.
Los tractores volverán a salir a la calle. UPA Castilla-La Mancha ha convocado la movilización de Puertollano, a la espera de los trámites correspondientes ante la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.
El secretario regional de UPA, Julián Morcillo, ha dibujado un escenario complicado para agricultores y ganaderos de la región justo cuando termina la vendimia y comienzan las siembras de otoño. Una época en la que los tractores trabajan más y, por tanto, también aumenta el consumo de combustible.
Según los datos manejados por la organización en Castilla-La Mancha, el gasóleo agrícola ha pasado de rondar los 0,93 euros por litro a comienzos de 2026 a alcanzar máximos cercanos a 1,68 euros durante las últimas semanas.
Una escalada por la que ASAJA, COAG y UPA anunciaron el pasado 18 de septiembre movilizaciones en toda España ante el precio del gasóleo agrícola por entonces que estaba en los 1,649 euros por litro, un 48 % más que un año antes.
El peor momento para la subida
UPA calcula que en este momento del año el campo concentra aproximadamente el 40 % de su consumo energético anual, coincidiendo con trabajos como la preparación del terreno y las siembras de cereal.
A ellos se irán sumando otras campañas, muy importantes en Castilla-La Mancha, como la recogida de la aceituna, intensiva también en maquinaria y combustible.
ASAJA calcula, a escala nacional, que las labores agrícolas de este otoño supondrán al menos 200 millones de euros más en gasóleo que en 2025. La organización también ha pedido al Ministerio de Agricultura que prorrogue las ayudas durante la campaña de otoño e invierno.
Es precisamente uno de los puntos que está uniendo a las principales organizaciones agrarias.
El gasóleo no es la única factura que preocupa al campo. Los fertilizantes también se han encarecido y resultan especialmente importantes en este momento del año, cuando muchos agricultores preparan las nuevas siembras.
El Gobierno amplió este verano las ayudas a la compra de fertilizantes hasta 38,33 euros por hectárea de secano y 92,50 euros por hectárea de regadío, con un máximo de 300 hectáreas subvencionables por beneficiario.
UPA Castilla-La Mancha reclama ahora que se corrijan los problemas que, según la organización, han dejado fuera de estas ayudas a algunos jóvenes agricultores y pide a la Administración regional mecanismos para que puedan acceder a las compensaciones.
También quiere que se tenga en cuenta al sector apícola, que utiliza combustible de forma profesional para desplazar las colmenas y que, según UPA, ha quedado fuera de las principales ayudas directas.
Más reivindicaciones
La lista de reivindicaciones va más allá de mantener la bonificación actual. UPA solicita una reducción temporal del IVA de los carburantes agrarios del 21 al 10 %, una tarjeta profesional que permita aplicar descuentos directamente al repostar y recuperar las reducciones fiscales del 35 % sobre el gasóleo agrícola y del 15 % sobre los fertilizantes en el sistema de módulos.
También pide al Gobierno que inste a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a analizar el funcionamiento del mercado de los carburantes. UPA sostiene que los resultados de las grandes petroleras contrastan con las dificultades económicas del sector primario y plantea un impuesto extraordinario sobre sus beneficios para financiar compensaciones a los profesionales especialmente dependientes del combustible.