Caso Cerrú: exalcalde y funcionarios acusados de delitos como prevaricación, cohecho o malversación

Han transcurrido cinco años desde el registro llevado a cabo en el Ayuntamiento de Puertollano en el marco de la conocida como Operación Cerrú.

Ahora, la jueza del juzgado número 3 de la localidad ha sustanciado las diligencias y las acusaciones contra una veintena de personas, incluido el exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso, exconcejales y técnicos municipales aún en funciones, investigadas en el conocido 'caso Cerrú'.

El caso está relacionado con los expedientes administrativos y las contrataciones vinculadas a la construcción del estadio de fútbol del Cerrú, y una operación vinculada a este proyecto: la permuta de terrenos en la barriada de El Abulagar planeada entre el Consistorio y la empresa que inicialmente iba a construir el campo, inaugurado en 2010.

En el auto, de 21 de marzo, y tras la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la jueza sustancia también las acusaciones, ya que, en un contexto de presuntas contrataciones "a dedo", los considera componentes de "una auténtica trama u organización", por los presuntos delitos, según el caso, de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos en el ejercicio de su función, y falsedad documental.

Estos delitos se imputan a J.C.H.M., J.L.V.C., F.P.N., C.S.A., E.A.M., M.L.C.V., F.S.M., J.L.M.P., M.I.M.P., R.A.S.S., A.F.M.S., C.F.C.M., F.J.A.A., J.L.S.C., J.L.M.P., M.I.M.P., A.R.M. y L.F.P.R.

En el mismo auto, la jueza ordena abrir pieza separada contra ocho personas y dos sociedades por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, exacciones ilegales y blanqueo de capitales. 

Dicho procedimiento judicial en pieza separada ya se ha incoado y está en fase de instrucción, apareciendo en calidad de investigados J.C.H.M., J.L.V.C., E.A.M., M.L.C.V., F.S.M., C.F.C.M., M.C.S.A. y F.J.B.A., así como dos sociedades.

Según el auto, "que se trata de una organización queda evidenciado en el momento en que faltando uno de los investigados a los hechos delictivos cometidos, estos no se hubieran producido pues todos ellos funcionaban con un engranaje perfecto: contratos firmados al margen de la ley en la que intervenían cada uno de los investigados por su distinta profesión, informes previos y posteriores a dicha contratación emitidos con el mismo concierto fraudulento, negociaciones prohibidas con empresas privadas por miembros del entramado, etcétera", subraya.

Así, según el auto, este grupo de personas podrían haberse concertado de forma permanente en el tiempo y "totalmente coordinada" para realizar actuaciones presuntamente delictivas.

Para la jueza, las obras del campo de fútbol de Puertollano se realizaron "bajo la apariencia de un contrato de permuta entre la sociedad Proinsa y los entonces alcalde y secretario del Ayuntamiento, contraviniendo la normativa de contratación pública vigente en octubre de 2007; es decir, en el contrato de permuta se escondía un contrato de obra llevado a cabo por el Ayuntamiento a favor de Proinsa". 

Esta circunstancia, prosigue, podría haber derivado en adjudicaciones "a dedo", previo consentimiento del alcalde y de su asesor, "produciéndose un gasto con cargo al Ayuntamiento de Puertollano a todas luces muy superior al que se obtendría mediante concurso".

El auto de diligencias previas señala que "es un hecho acreditado por la documentación obrante en las actuaciones que el alcalde, el secretario y los servicios jurídicos llevaban a cabo un uso interesado de la normativa a aplicar en cada momento, y se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo resoluciones con múltiples irregularidades".

Así, la jueza pide que continúe la tramitación de las diligencias para esclarecer si se hubieran cometido delitos "en el seno de una organización criminal" y se deduzca testimonio contra el exalcalde por los posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y cohecho, así como al exsecretario, el exaparejador, la letrada del Ayuntamiento, la sociedad Luisa Calvo Arquitectos y Fesamora "por si como consecuencia de la obra del campo de fútbol, recibieron algún tipo de cantidad económica por parte de las empresas adjudicatarias y con él adquirieron propiedades para ellos o sus familiares más cercanos".

Además, pide que se investigue a quien era interventor del Ayuntamiento y al arquitecto municipal por si pudieran ser autores de delitos de malversación de fondos públicos, exacciones ilegales o blanqueo de capital.

De confirmarse, según el auto, se trataría "de un auténtico entramado en el que cada una de las 20 personas implicadas ocuparía su rol en base a su cargo profesional para llevar a cabo conductas tipificadas en el Código Penal". "Llama la atención el grado de concierto existente entre todos ellos, algo que evidencia que no era la primera vez que lo llevaban a cabo, como quedó probado en las obras de la plaza de toros", subraya.

El auto, que puede ser recurrido, establece dar el traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que en diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. 

Europa Press