Colectivos piden más garantías ambientales y alternativas más ecológicas

La plataforma Stop Biometano y el Partido Verde Verdes-Equo Castilla-La Mancha rechazan el proyecto de decreto con el que se pondrá en marcha el Plan Regional de Biometanización que, a su juicio, tiene "elementos que generan inseguridad jurídica" y "debería ser revisado".

Representantes de estos colectivos han asegurado que la instalación "impositiva" de estas plantas supone "un grave problema social, ambiental y político" y han criticado el modelo elegido que, a su modo de ver, es "insostenible" y "sitúa intereses privados por encima de los intereses públicos" y "no suscita el necesario consenso social para su implantación".

Estas plataformas han denunciado que el decreto no aclara el poder, el papel, el procedimiento y los recursos que tienen los ayuntamientos para ejercer su autoridad en su municipio y en su determinación de no instalar en él plantas de biometano e impedir su tramitación.

De igual modo, han señalado que el decreto no expresa cuáles serían los criterios "motivados" que la Junta podrá aducir para declarar inversiones estratégicas las plantas en ciertas localidades que, de esta manera, podrían instalarse "en contra de la voluntad de los ayuntamientos" y "pese a la no conformidad" con el proyecto.

Más de 15.000 alegaciones

En este contexto, el portavoz de la plataforma de Torralba de Calatrava, Rafael Ruiz, ha cifrado en 15.071 las alegaciones presentadas al Plan de Biometanización por numerosas plataformas ciudadanas, asociaciones, ayuntamientos y particulares -avaladas por cerca de 5.500 firmas- y ha pedido que sean incorporadas a este decreto.

Ruiz ha subrayado que hay hasta una docena de métodos para eliminar los residuos sin tener que recurrir a estas plantas.

Además, ha apuntado que la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental permitirá a los ayuntamientos "decir sí o no" a estos proyectos con un informe técnico "razonado".

Si bien, ha recordado que la Junta puede considerar "estratégicos" aquellos proyectos que sean considerados "de utilidad pública", aunque se ha preguntado "cuáles son los criterios para declarar un proyecto estratégico".

Plantas que no están exentas de riesgos

Elisa Díaz, del partido Verde Verdes-Equo, también ha alertado de que podría haber fugas o accidentes, lo cual "no está lo suficientemente previsto" en el decreto.

"El problema de los residuos hay que abordarlo" y "hay que hacer un tratamiento lo más adecuado posible, pero no pensamos que las macroplantas sean la solución", ha agregado.

Por su lado, Carmelo Donoso, de Stop Biometano en Carrión de Calatrava, ha indicado que la Junta tiene más de 70 proyectos de este tipo en curso y que ningún municipio genera los residuos suficientes para el "enorme volumen" que pretende ser tratado.

Además, Alberto Celis, de la plataforma de Daimiel, ha advertido del "peligro" que podrían suponer para el Parque Nacional de Las Tablas las tres plantas planeadas en la zona y ha avanzado que se llevará a cabo una campaña nacional con el lema 'Salvemos las Tablas de Daimiel'. 

EFE