Convocan huelga en las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha el 7 de mayo

El sindicato UGT ha convocado una huelga general en las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha el próximo 7 de mayo, para pedir que se mejoren las condiciones de las en torno a las 3.000 personas que trabajan en estos centros, en su mayor parte mujeres.

Los representantes de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha han justificado la convocatoria de esta huelga general, porque el sindicato lleva años reivindicando mejoras para este colectivo, cuyas condiciones "no solo mejoran sino que van a peor", han expuesto.

Una de las principales reivindicaciones es que mejore la consideración social de las personas que trabajan en las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha, a pesar de que son una pieza clave en el sistema educativo, que apoyan a las familias e influyen en el desarrollo futuro de los ciudadanos trabando con los niños en conceptos como la socialización, el aprendizaje de valores, adquisición de la autonomía.

Se trata de un colectivo que realiza un trabajo muy vocacional y que quiere tener un mayor reconocimiento del papel que juega en el sistema educativo, lo que según los representantes de Enseñanza de UGT se consigue con mejoras sociales, económicas y laborales.

Entienden que ahora es el momento de reivindicar estas mejoras mediante la convocatoria de esta huelga general, en la que UGT demanda que acabe la precarización de los trabajadores con mejoras laborales y económicas, ya que muchas de las personas que trabajan en estos centros tienen unas remuneraciones que se sitúan en el entorno del salario mínimo interprofesional (SMI).

Entre las demandas de UGT, es que a estos trabajadores se les considere personal educativo, una consideración que actualmente no tienen, y que así se contemple en el futuro estatuto del docente que se está negociando con el Ministerio de Educación, y que se llevará como anteproyecto a las Cortes generales para su inclusión en la actual ley de Educación (Lomloe)

En sentido, UGT plantea que haya una normativa común de base en todo el territorio español, para que no haya diferencias entre las comunidades autónomas, que en este caso debería elaborarse desde el Ministerio de Educación, aunque en el caso de Castilla-La Mancha el Ejecutivo autonómico también puede legislar y decretar criterios técnicos, sociales y laborales, han apuntado los representantes de Enseñanza.