Educación explica en las Cortes el nuevo baremo de admisión de alumnos en centros públicos y privados
EFE.- El consejero de Educación de la Junta, Ángel Felpeto, ha desvelado que en la anterior legislatura se cerraron 883 unidades escolares, una situación que "al amparo de la disminución del número de alumnos", se basó en el aumento de ratio de alumnos por aula, la zona única y el cierre de colegios rurales.
Felpeto ha aportado este dato durante su comparecencia en la Comisión de Educación en las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que ha informado sobre el decreto de admisión del alumnado del curso 2017-2018 y sobre la formación del profesorado en la región y donde ha reivindicado que el actual Gobierno regional recuperó ya en el curso 2015-2016 un total de 372 unidades.
Felpeto ha aseverado que no se modifica el anterior decreto "por motivos ideológicos", sino para "poner orden a un proceso muy complejo, socialmente muy sensible y uno de los elementos principales para garantizar la igualdad" de todos los alumnos, si bien ha denunciado que el decreto anterior "ha provocado un reparto desigual del alumnado".
En cuanto a los criterios que se tienen en cuenta en la admisión del alumnado en un determinado centro y la puntuación, ha indicado que el que haya hermanos matriculados en el centro o que los padres o cuidadores trabajan en el mismo, se puntuará con un máximo de 10 puntos y también se recibirá esa puntuación como máximo la cercanía del domicilio de residencia o del lugar de trabajo de los padres o los cuidadores.
También se podrá sumar hasta un punto por la renta -sobre la que se establecen tres tramos-, otros dos por familia numerosa, donde también se establecen tramos y otros dos por motivo de discapacidad, en función de si la presenta el alumno, los padres o los hermanos, mientras que el expediente académico podrá sumar hasta 5 puntos.
Felpeto ha abundado, asimismo, en la zonificación de los centros educativos y ha asegurado que en todas las zonas queda garantizada una oferta variada y ha afirmado que "siempre que ha sido posible se han incluido centros de diferente titularidad y con programas lingüísticos".
"Estamos en un proceso que incrementa la calidad, salvaguarda la libertad de elección de centro y garantiza derecho a la privacidad", ha defendido el consejero, quien también ha destacado que en la elaboración del decreto se han tenido en cuenta todos los criterios aportados por los sectores de la comunidad educativa que han participado en el proceso de elaboración.
Por su parte, la diputada del PP en las Cortes Claudia Alonso ha rechazado el actual decreto para la admisión del alumnado y ha denunciado que se ha modificado "por sectarismo, porque el anterior sistema funcionaba mucho y bien", pues ha sostenido que el cambio de los criterios para la admisión "no era una demanda de las familias".
En cambio, ha lamentado que la puesta en marcha del actual decreto "se ha hecho de manera caótica", al asegurar que el miércoles 15 de febrero se abrió el proceso de admisión, pero el martes 14 había colegios que no sabían en qué zona estaban y que "realmente hasta esta semana no lo han sabido".
También ha criticado que, a su modo de ver, el actual decreto va en contra de la libertad de los padres a elegir centro educativo y, además, supondrá "una vuelta al fraude de ley, que para que los hijos vayan al centro que está más cerca del puesto de trabajo, habrá empadronamientos masivos" en los lugares de trabajo.
Además, el diputado de Podemos en las Cortes, José García Molina, ha cuestionado que se entre a debatir si "el baremo está mal o no", pues ha denunciado que "el problema es el modelo", ya que ha rechazado que se destinen fondos públicos al sostenimiento de los centros concertados, una "anomalía" en el sistema público educativo desde su punto de vista.
"Hacen un equilibrio imposible, quieren contentar a todo el mundo, pero en algún momento tendrán que elegir", ha espetado García Molina al consejero, al que le ha preguntado si los criterios de admisión son los mismos para los colegios públicos que para los concertados.
En este punto, el consejero ha aseverado que su intención "no es contentar a todo el mundo, sino escuchar a todo el mundo", al tiempo que ha recalcado que "los criterios son exactamente iguales, para los públicos y para los concertados".
Por su parte, el diputado del PSOE en las Cortes Fausto Marín ha celebrado la elaboración de un nuevo decreto de admisión de alumnado, pues ha afirmado que era "una reivindicación ideológica" que "garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso y la transparencia en todo el proceso".
También ha subrayado que se garantiza la conciliación de la vida laboral y familiar, porque "hay una baremación para aquellos padres que tienen cerca de su puesto de trabajo un centro educativo" y ha valorado que "no habrá guetos", como a su parecer ocurría con el anterior decreto del PP.
"Sin duda, se ha hecho un gran esfuerzo", ha apostillado Marín.