El Gobierno central recurre las cláusulas sociales de la Junta marcadas para las empresas del sector público

El Gobierno central lleva de nuevo a los tribunales a la Junta. Ahora por las cláusulas sociales que el ejecutivo regional había marcado para las empresas que contratan con el sector público.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado que la Abogacía del Estado haya recurrido la instrucción aprobada por el Consejo de Gobierno para la inclusión de determinadas cláusulas sociales  en los contratos del sector público de la Administración castellano-manchega.

"Más garantías"

Con las nuevas cláusulas sociales, la Administración regional defiende, que  "interviene de manera directa para promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad, potenciar la seguridad y salud laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, fomentar el empleo de personas en situación de exclusión social y mejorar la protección del medio ambiente".Además dice que puede resolver los contratos por incumplimiento de las cláusulas sociales o imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria. Otras medidas se refieren a la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales y que en la redacción de toda la documentación se utilice un lenguaje no sexista.

Reacciones en la Junta

Las reacciones del gobierno regional al recurso interpuesto por la abogacía del Estado a instancias del ejecutivo central contra las cláusulas sociales en la contratación del sector público regional no se han hecho esperar. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha señalado que "hay a quien no le gusta los avances sociales y recuperar derechos en CLM". Mensaje dirigido al Gobierno de Mariano Rajoy y que ha publicado en Twitter: ". A lo que ha añadido que seguirán luchando por ello.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras conocer este viernes la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, a instancia de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ha lamentado que el Gobierno de Rajoy, con la "complicidad" de la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, "haya impugnado la inclusión de estas cláusulas que aumentan los derechos sociales de los ciudadanos en el marco de la contratación pública".

Estas cláusulas, apunta el consejero, "incluyen importantes novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, de abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y de cumplir el principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, situando a Castilla-La Mancha a la vanguardia en materia de contratación pública", ha informado la Junta en nota de prensa.

Desde IU en Castilla-La Mancha,  Juan Ramón Crespo, coordinador regional de la formación considera que estas cláusulas eran una forma de dulcificar la privatización de servicios públicos.

No es la primera vez que el Ejecutivo central echa atrás una decisión de la Junta. Primero fueron las 35 horas de los funcionarios, después las nuevas ofertas de empleo público y ahora las cláusulas sociales.