VIVIENDA

El Gobierno regional reclama un marco de financiación "realista y flexible" de cara al nuevo Plan Estatal de Vivienda

En el plan de vivienda se prevé una inversión de 7.000 millones de euros, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades tendrán que gestionar el 40% restante

Vista general durante la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). 02/10/2025Europa Press

Redacción CMM
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Castilla-La Mancha reclama un marco de financiación realista y flexible que tenga en cuenta la singularidad de la región de cara al nuevo Plan Estatal de Vivienda . Así lo ha reclamado la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro, que ha participado en la Conferencia Sectorial celebrada en el Ministerio este jueves.  

García Alfaro ha asegurado que Castilla-La Mancha comparte los objetivos del nuevo plan: más vivienda protegida, menor esfuerzo para acceder a ella y un parque residencial de mayor calidad. 

Eso sí, ha puesto de manifiesto que "el borrador actual plantea que Castilla-La Mancha incremente su aportación en un 658 por ciento respecto al plan anterior; es por ello por lo que Castilla-La Mancha ha hecho alegaciones " porque " necesitamos un marco de financiación realista y flexible, que tenga en cuenta la singularidad de nuestra región y que no imponga un esfuerzo desproporcionado a nuestras cuentas públicas".

Además, ha pedido que el reparto de fondos no sea rígido, ya que el plan fija que un 40 por ciento vaya a construcción de vivienda social, un 30 por ciento a rehabilitación y accesibilidad, y otro 30 por ciento al acceso a la vivienda, por ese motivo ya que Castilla-La Mancha es una región eminentemente rural.

Asimismo, García Alfaro ha reclamado que el nuevo documento contemple los costes de gestión derivados de este esfuerzo presupuestario y ha propuesto que hasta un 3,5 por ciento de la aportación autonómica pueda destinarse a personal y herramientas informáticas necesarias para gestionar las ayudas.

Por último, ha enumerado tres propuestas fundamentales: 

  • crear una línea específica de ayudas para la urbanización de suelo destinado a vivienda protegida
  • incluir de forma expresa las actuaciones de rehabilitación y vivienda social ya en marcha en el marco del Plan de Recuperación
  •  y garantizar la continuidad de las oficinas de rehabilitación que se pusieron en marcha con fondos europeos.

En definitiva, considera que "Castilla-La Mancha no está pidiendo ningún tipo de privilegio simplemente que se tenga en cuenta una serie de aportaciones que estamos haciendo y que reconozca el esfuerzo en materia de rehabilitación como de construcción",  ha asegurado García Alfaro.

El ministerio pide acuerdo mayoritario

En el plan de vivienda se prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades tendrán que gestionar el 40% restante. 

Desde el Ministerio, su titular, Isabel Rodríguez ha asegurado que desde comienzos de año se está trabajando en este plan, que registró 90 observaciones en la primera consulta pública y muchas fueron tenidas en cuenta, que en junio se llevó a la Conferencia de Presidentes, y actualmente está en audiencia pública.

Rodríguez ha defendido que el plan va a la raíz del problema, con un 40 % de los fondos para la promoción del parque público de vivienda, un 30 % para rehabilitación y un 30 % para ayudar a personas o territorios.

La ministra aboga por elevar la oferta y ampliar el parque de vivienda asequible para controlar los precios y mejorar el acceso, por abordar la regulación y el control de los "abusos" en el alquiler y por ayudar a la juventud y a los que peor lo pasan.

El Ejecutivo se ha marcado 5 "objetivos país": lograr un parque publico de vivienda del 8 %, rehabilitar el parque existente y movilizar vivienda vacía, mejorar la edad de emancipación de forma "contundente y determinada", que no haya que destinar más del 30 % de los ingresos a la vivienda y revertir las zonas tensionadas.

Antes de la conferencia, las comunidades del PP (11 más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), han denunciado que no ha habido lealtad institucional por parte del Ministerio, han asegurado, no han participado "en absoluto" ni se han sentado a negociar.