Page pide por carta a Sánchez un compromiso de financiación "realista" para las comunidades autónomas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la que le solicita un compromiso de financiación "realista" para las comunidades autónomas. 

Ha pedido además que se convoque una Conferencia de Presidentes en las que adquiera este "compromiso de lealtad".

La carta expone ejemplos concretos de decisiones del Gobierno que implican un gasto adicional a las comunidades, como puede ser la contratación de más profesores universitarios que cuesta 18 millones de euros más al año a la Universidad de Castilla-La Mancha. 

La carta se acompaña de un borrador de acuerdo para el próximo debate en esa Conferencia de Presidentes para que sea debatido en el seno de esta reunión. 

La resolución que propone en ese borrador establece que el Gobierno se comprometa a identificar y valorar todas los cambios normativos que afecten económicamente a las comunidades autónomas para garantizar la financiación y la correcta aplicación a la que están obligadas las administraciones autonómicas

281 millones de euros de "merma anual" en Castilla-La Mancha

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha cifrado en 281 millones de euros "la merma anual" por la falta de financiación "por la menor recaudación derivada de la reducción de tipos impositivos que afectan a las comunidades autónomas" junto con el gasto derivado de decisiones que "toma el Estado que no van acompañadas de financiación". Una cifra que ha calificado de "escandalosa".

En dicho borrador de acuerdo se destaca la importancia del principio de lealtad institucional, que si bien no está recogido expresamente en la Constitución, sí ha sido objeto de "reconocimiento directo" por parte del Tribunal Constitucional, que además lo configura como un principio jurídico de carácter nacional de obligado cumplimiento.

Por ello se recoge como propuesta que "toda modificación normativa (legal o reglamentaria) que realice la Administración General del Estado y que tenga efectos económicos y/o presupuestarios en las comunidades autónomas, tanto en sus gastos como en sus ingresos, deberá contar con el correspondiente estudio económico".

En dicho estudio económico, "se deberán identificar los mismos, valorarlos y establecer las correspondientes aportaciones económicas a las comunidades autónomas para garantizar la suficiencia financiera de los servicios públicos a que obliga el ordenamiento jurídico".

Esta mengua en las finanzas regionales, que Ruiz Molina ha tildado de "cifra extravagante", hace que el Ejecutivo regional esté "preocupado" porque hace "peligrar" las políticas propias que en materia de sanidad, educación o bienestar social lleva a cabo el Ejecutivo castellanomanchego.

"Se suma el hambre con las ganas de comer. El modelo de financiación actual no se corresponde con la realidad. Si estamos mal financiados y sumamos medidas que impone el Gobierno central sin recibir para ello la financiación necesaria el problema se agrava considerablemente", ha alertado el responsable de las finanzas castellanomanchegas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido que la financiación es un asunto pendiente que hay que abordar, y ha añadido que es una de las prioridades del ejecutivo central.