El Congreso aprueba la subida de pensiones al separar el decreto de otras medidas del escudo social

Este jueves se ha hecho efectiva en el pleno del Congreso la revalorización de las pensiones para 2026, después de que el Gobierno separara esta medida de otros vinculadas al denominado "escudo social".

La revalorización de las pensiones para 2026 supone un alza general del 2,7 % (unos 50 euros mensuales), que llega al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas y del ingreso mínimo vital.

Esta subida ya la cobraron en enero los casi 13 millones de pensionistas, pero sin la convalidación del decreto no sería efectiva durante todo el año.

Este decreto-ley, ahora ya convalidado, incluye otras medidas sociolaborales, como la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos y la exención a los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta.

Sin acuerdo para otras medidas de escudo social

Eso sí, la mayoría que suman PP, Vox y Junts ha tumbado en el pleno el real decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social.

El Gobierno separó la subida de las pensiones para 2026 y el 'escudo social' en dos decretos distintos, después de que esos grupos tumbaran en enero un decreto "ómnibus" que contenía todas esas medidas -más otras de índole fiscal y empresarial-, con el argumento de que la moratoria de los desahucios supone proteger la 'okupación'.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, había ya confirmado, en el cara a cara que ha tenido en el Congreso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "no".

"¡Escudo social sí, okupaciones no!", ha dicho Nogueras, que ha sugerido a Sánchez que podría contar con su apoyo "separando el escudo social de las ocupaciones" en un eventual tercer intento.

Fuentes del Gobierno aseguran que no van a trocear más el decreto y que su intención es volver a llevarlo al Consejo de Ministros y lograr la abstención de Junts, aunque no dicen cómo.

También contiene los incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Asimismo, prorroga la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales, de manera que no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.