Se conocen más detalles del auto judicial contra Zapatero: el juez lo sitúa al frente de la trama

Son casi 90 folios que no están dejando indiferente a nadie y que lo han revolucionado todo. El auto de imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero lo sitúa como líder de un complejo entramado de empresas que canalizaba los cobros que se habría llevado el expresidente.

Con el paso de las horas, y conforme se hacen análisis, se van conociendo más detalles.

Una agencia de EE. UU. ayudó en la investigación

Otro de los aspectos que ha revelado el auto del juez es el apoyo internacional con el que contó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el marco de las pesquisas.

Contó, concretamente, con la ayuda de la Homeland Security Investigations (HSI), una agencia de investigación de los Estados Unidos que puso a disposición de la UDEF la extracción del contenido de un teléfono móvil de Rodolfo Reyes, venezolano y uno de los investigados e identificado en el auto como accionista de facto de Plus Ultra.

El juez incluye muchas conversaciones de Rodolfo Reyes para intentar conseguir influencia política para acceder a las ayudas públicas a la aerolínea y fue el que sugirió pedir "ayuda a Zapatero" -a quien se refirió en una ocasión como "pana"- para el tema "'lobby' político".

El juez Calama, experto en delitos económicos

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira, que cumple este miércoles 67 años y ha saltado a la fama por haber imputado a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, es la antítesis de un juez estrella, y, pese a ello, ya ha pasado a los libros de historia por ser el que por primera vez ha imputado a un expresidente del Gobierno en España.

Reconocido por su dominio en causas de delincuencia económica y de blanqueo de capitales, el azar puso hace pocos meses en sus manos el caso Plus Ultra en el que se investiga una presunta trama de tráfico de influencias y de posible blanqueo en el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, en cuyo "vértice" ha situado a Rodríguez Zapatero.

En sus ocho años al frente de su juzgado en la Audiencia Nacional, este juez nacido en Salamanca se ha caracterizado más bien por una labor callada y minuciosa en causas mediáticas, como el caso Pegasus, en el que investigó sin éxito el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, entre 2020 y 2021.

La "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel le llevó en enero de este año a tener que archivar por segunda vez esta investigación.

Otro de los casos que despertaron el interés de los medios fueron las diligencias que abrió al día siguiente del apagón eléctrico en la España peninsular, ocurrido el 28 de abril de 2025, por si pudiese tratarse de ciberterrorismo.

Tras mantener varios meses sus pesquisas bajo secreto, el pasado mes de enero, acabó dándoles carpetazo al constatar que no había aparecido "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista".

También fue destacada su intervención en la causa en la que terminó procesando por un millonaria estafa al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que confesó haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise.

Ante la confesión de Romillo sobre esa presunta financiación ilegal del partido que lidera Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), durante las pasadas elecciones europeas, Calama optó por dar cuenta de ello a través de una exposición razonada al Tribunal Supremo, que decidió finalmente por solicitar al Parlamento Europeo que le levantara la inmunidad al eurodiputado español por esta causa para poder proceder contra él, cosa que ya ha hecho la Eurocámara.

Entre los primeros casos que tramitó a su llegada al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en diciembre de 2018, destaca el del Banco Popular.

Antes de llegar a Madrid, su primer destino fue en el juzgado de instrucción de Sigüenza, en el que ingresó en 1988.

EFE/CMM