¿Cuál es el nuevo modelo de cuidados y residencias que propone el Gobierno?

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Susana Palomo Gómez
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El Ministerio de Derechos Sociales presenta este miércoles a las comunidades el nuevo modelo de residencias de mayores del Gobierno incluido en el Acuerdo de Acreditación y Calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia cuyo borrador se ha dado a conocer en los últimos días.

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La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, defenderá ante las comunidades este borrador en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que preside y en donde se debate un documento consensuado en la Mesa de Diálogo Social, con entidades sociales, sociedades científicas y profesionales y que deberá recibir el apoyo de las comunidades, que tienen la competencia de las políticas sociales.

El nuevo modelo, impulsado por el ministerio de Belarra, fija los criterios de atención a personas mayores y dependientes en centros residenciales, de día o atención domiciliaria, que deberán adaptarse a las necesidades de apoyo de cada persona y respetar su voluntad, sus preferencias y su estilo de vida.

Propone residencias con menos plazas, en zonas urbanas, con unidades pequeñas de convivencia que compartan zonas comunes y mayor número de habitaciones individuales.

El Gobierno ha propuesto limitar las plazas en las residencias de mayores teniendo en cuenta la densidad de población de la zona en la que están ubicadas, estableciendo una horquilla que va desde las 60 hasta las 120 plazas, en lugar de la limitación a un máximo de 90 plazas como propuso en febrero.

El nuevo modelo de cuidados y residencias apuesta por reforzar la atención domiciliaria y los dispositivos de teleasistencia para que cada persona tenga los apoyos que precise dentro de su vivienda y de su entorno comunitario.

Algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, han mostrado sus discrepancias con este nuevo modelo para el que reclaman mayor financiación. Su presidente regional, Emiliano García-Page cree que "este cambio de modelo importantísimo" puede traer como consecuencia poner en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados sobre todo al sector privado.

Además, el sector de la Dependencia considera "inaceptable" la propuesta del nuevo modelo. Las patronales AESTE, ASADE, CEAPS y FED solicitaron la realización de una memoria económica que justificara y explicara este cambio que según sus estimaciones ocasionaría el cierre de alrededor de 72.500 plazas residenciales, lo que supone el 25% de las plazas privadas del sector.

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