La Fiscalía mantiene su petición de inhabilitación de 10 años para Mas por el 9N

La Fiscalía ha mantenido su petición de diez años de inhabilitación para cargos públicos y funciones de gobierno, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia y prevaricación, al seguir adelante con el 9N tras su suspensión por el Tribunal Constitucional. En el trámite de conclusiones, que inicia la recta final del juicio que se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha elevado a definitiva su petición de condena, mientras las defensas mantienen su solicitud de absolución para Mas, Ortega y Rigau al sostener que no desobedecieron al Constitucional.

Por su parte, la acusación popular, que ejercen los sindicatos policiales SPP y UPF y Manos Limpias, reclama finalmente una condena de doce años de inhabilitación para los tres acusados, tras retirar la pena de seis años de cárcel que al principio planteaba para ellos.

En su escrito de acusación, que este jueves ha elevado a definitivo, la Fiscalía sostiene que los encausados articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión de la consulta del 9N", siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento de las órdenes del Tribunal Constitucional".

Declaración de voluntarios

En el penúltimo día del juicio han declarado ante el tribunal cinco voluntarios del 9N propuestos por la defensa de Joana Ortega, quienes han coincidido en desvincular a la Generalitat de la organización de la votación, aunque han dicho no saber o no recordar otros detalles relativos a la logística de la jornada de votación.

En ese sentido, los voluntarios han sostenido que en los puntos de votación no había ninguna autoridad de la administración catalana y que, cuando el 9N abrieron los locales que albergaban las urnas, encontraron el material empleado para la votación en su sitio, sin que supieran quién y cuándo lo había distribuido. Según los voluntarios, tampoco existía ningún teléfono al que llamar en caso de incidencias técnicas en el transcurso de las votaciones y desconocían quién gestionaba el único número que les facilitaron para informar de la participación y del escrutinio.

Prueba pericial

También se ha expuesto la única prueba pericial del juicio, un informe elaborado por la Guardia Civil sobre el programa informático empleado en la votación y sobre la web participa2014.cat que la Generalitat montó para organizar la consulta del 9N. Contrariamente a lo manifestado en el juicio por el excoordinador del 9N, Joan Cañada, que aseguró que era "técnicamente imposible" desactivar la web de la consulta tras la suspensión, los agentes de la Guardia Civil han certificado que era viable hacerlo, pese a que estuviera duplicada en distintos servidores.

Tal y como está programado, el juicio quedará este viernes visto para sentencia con la exposición de los informes finales de las partes, tras lo que los acusados tienen previsto dirigirse al tribunal, en su derecho a hacer uso del último turno de palabra.

EFE