CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno contra las deepfakes, bulos y difamaciones
El Ejecutivo reformará las leyes del derecho al honor y a la rectificación para combatir estas prácticas cada vez más generalizadas con la inteligencia artificial y las redes sociales
Expertos alertan del aumento de fraudes basados en IA, más sofisticados y efectivos, con los 'deepfakes' a la cabeza
El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso poner coto a los vídeos manipulados con inteligencia artificial que nos llegan muchas veces al móvil con declaraciones o acciones que nunca han ocurrido. El Gobierno quiere incluirlos en el catálogo de delitos contra el honor. Además, ha avanzado en su lucha contra la manipulación y desinformación en medios digitales y redes sociales. Para ello, reformará el derecho a la rectificación.
En el caso del anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal se inicia el camino para modificar la que existe desde 1982. Busca incluir como delito penal el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial.
Incluye las conocidas como deepfakes (ultrafalsificaciones y manipulación de imágenes) como delitos contra el honor y refuerza el consentimiento en el uso y difusión de la propia imagen.
La norma -impulsada por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia- supone un hito del Plan de Acción para la Democracia, según ha señalado el titular de Justicia, Félix Bolaños.
Tanto en el caso del derecho al honor como a la rectificación, datan de principios de los 80. "40 años ha cambiado el ecosistema mediático porque lo que hemos de acometer estas reformas para adaptarla a los tiempos", ha señalado Bolaños.
Entre las novedades que el ministro ha detallado:
- Se puede rectificar no solo informaciones en medios tradicionales sino informaciones en plataformas en línea o redes sociales de usuarios de especial relevancia, es decir, los que tienen más de 100.000 seguidores en una red, 200.000 en todas. Los ciudadanos podrán denunciar los bulos
- Se amplía el plazo para ejercer el derecho a la rectificación, de 7 a 10 días en medios de comunicación y a 20 días en el caso de usuarios de gran relevancia.
- Se suprime la obligación de dirigir el derecho a la rectificación a los directores de los medios de comunicación
- Los medios de comunicación digitales contarán con un mecanismo accesible y visible para ejercer este derecho de manera inmediata
- Se mantiene la obligación de publicar en 3 días la rectificación
- Se agiliza el procedimiento judicial
