CONSEJO DE MINISTROS
Igualdad cambia las pulseras telemáticas por tobilleras de seguimiento de agresores machistas
Los nuevos dispositivos incorporarán "mecanismos antivandálicos", tendrán más batería y la tarjeta de seguimiento no se podrá extraer, como ha detallado la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). 27/1/2026
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este martes que su departamento ha autorizado un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos de seguimiento telemático de agresores machistas. Pasarán de ser pulseras a ser tobilleras para mejorar la fiabilidad y evitar que sean manipuladas.
Las novedades son que incorporarán "mecanismos antivandálicos", tendrán más batería y la tarjeta de seguimiento será inextraíble, como ha detallado Redondo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
El nuevo contrato sale por una cuantía de 71 millones de euros (ampliables hasta 111 millones) y por un plazo de tres años (ampliable a cinco).
"Se va a apostar por un dispositivo de tobillera porque, según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable y, por lo tanto, se incorporan también todos los mecanismos antivandálicos que van a permitir que sea mucho más seguro", ha reseñado.
La ministra también ha avanzado que se incrementa el número de dispositivos hasta un total de 17.660 y se fija en 2.000 el stock mínimo disponible para garantizar que cualquier pulsera manipulada por el agresor o que presente algún tipo de disfunción pueda ser reemplazada en un máximo de 24 horas.
Asimismo, se implementarán mejoras en la sala COMETA, que ya cuenta con 151 empleadas, tanto a nivel de coordinación como de apoyo psicológico para los trabajadores del operativo.
Este anuncio llega después de que se detectaran fallos en el funcionamiento de las pulseras telemáticas de seguimiento que se colocan a los agresores acusados de violencia machista y con órdenes de alejamiento, lo que obligó a Igualdad a iniciar dos investigaciones, una interna y otra a través de una auditoría externa, para determinar lo ocurrido.