Impulso a la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Comunidades autónomas, ayuntamientos y Gobierno se han reunido para suscribir el Pacto aprobado en el Congreso

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado que con la reunión de de la Conferencia Sectorial de Igualdad se culmina el pacto de Estado de violencia de género, en el que ha deseado que estén todos los partidos, incluido Podemos, que se abstuvo en el Parlamento.

Antes del inicio de esta conferencia sectorial, que reúne a los responsables de las comunidades autónomas, ayuntamientos y del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, Montserrat ha deseado que el broche que se pone al pacto sea “la suma de todos”.

“El 28 de septiembre se aprobó la ponencia y nos mandataron a, en dos meses, poner a disposición y acordar con las comunidades autónomas, FEMP, Tercer Sector y Poder Judicial ese pacto y hoy terminamos ese trabajo de dos meses y culminamos el pacto con la firma y la aprobación de la conferencia territorial al informe del Congreso de los Diputados”, ha dicho la ministra.

A partir de ahora, ha añadido, “vendrá el desarrollo del pacto con las diferentes reformas legislativas”.
“Confío, espero y deseo que Podemos lo apoye porque es un mensaje muy potente, ver cómo todas las fuerzas políticas, las comunidades yuntamientos, sindicatos, Poder Judicial, todos estamos juntos en la lucha contra la violencia de género y en el mensaje de esperanza de que hay salida”, ha asegurado la responsable de Sanidad.

Medidas del Pacto de Estado de Violencia de Género

La ministra de aclarado que “las ejecuciones de algunas medidas son inmediatas, otras a corto y medio y otras legislativas” y por tanto su aplicación llevará un tiempo tras el trámite parlamentario, pero, ha insistido, “es inmediata la puesta en marcha del pacto desde la firma del pacto”.

Respecto a la financiación del pacto, Montserrat ha señalado que si se prorrogan los Presupuestos Generales del Estado habrá una modificación extraordinaria del crédito de 200 millones, tal y como se acordó en el Parlamento.

Petición desde Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha pedido que el Pacto de Estado contra la violencia de genero preste especial atención a la intervención en materia educativa. Lo ha dicho Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha.

Peticiones de las comunidades autónomas

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, ha pedido este miércoles a las fuerzas políticas que traten la violencia de género como “un problema de Estado” y no como “una confrontación partidista” y ha señalado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género debería de tener en cuenta a la sociedad civil para no ser solo “un pacto de partidos”.

En la misma línea se ha pronunciado la secretaria general de la Consejería de Cultura e Igualdad de Extremadura, Inés Carreras, quien ha exigido al Gobierno que asuma “la máxima responsabilidad” en la puesta en marcha de medidas contra la violencia de género y ha subrayado que “las declaraciones políticas” deben de ir acompañadas de “hechos y presupuestos”.

Por su parte, el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, ha recordado que el compromiso del Gobierno era el de firmar el Pacto antes de terminar el año 2017, por lo que, a su juicio, “el compromiso se ha cumplido”. Así, ha instado a las fuerzas políticas a “ponerse a trabajar para luchar contra la lacra de la violencia de género” en un Pacto que, según ha explicado, “es el más importante que nunca ha habido en la materia”.

La reunión de la Sectorial está presidida por la titular de ese departamento, Dolors Montserrat, y están convocadas todas las comunidades autónomas, representantes de la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) y del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

Según explicaron a Efe fuentes de Sanidad, en la reunión se presenta para su aprobación el documento redactado por el Gobierno con los informes del Congreso de los Diputados y del Senado, que recibieron el apoyo mayoritario de ambas cámaras para su activación en un plazo de cinco años.

Además, el Ejecutivo ha incorporado en ese documento las observaciones del grupo de trabajo creado para arrancar el pacto con las autonomías, ayuntamientos y organizaciones sociales, que ha mantenido distintas reuniones para elaborar, entre otras cuestiones, una hoja de ruta y el impacto presupuestario de las distintas medidas

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