La suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos afecta a 163.020 personas

La decisión del Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos afecta a 163.020 personas. No podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía habían pedido que se permitiera el voto ante la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.

De esta forma, el censo válido para los comicios es el del 1 de agosto, por lo que la decisión del alto tribunal afecta a 163.020 personas, según los últimos datos aportados por el Ejecutivo al Supremo, que ha ratificado la medida cautelar a petición de los dos recurrentes, estos son, Iustitia Europa y Vox.

¿A quién permite votar la ley de nietos?

La ley de nietos permite, en virtud de una disposición dentro de la ley de memoria democrática dictada el 19 de octubre de 2022, a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España, que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Sin embargo, una semana después el Gobierno aprobó una instrucción que decía que se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre 1936 y 1955, y son los nacionalizados a través de esta vía los que se cuestionan.

La Sala da cinco días a los miles de afectados para personarse y formular alegaciones.

Los magistrados habían acordado la medida cautelar el pasado 10 de septiembre pero "el acontecimiento sobrevenido e imprevisto" del adelanto electoral precipitó los acontecimientos para resolver de inmediato esta cuestión, hasta el punto de que han estado deliberando este fin de semana, algo inusual en el alto tribunal, tanto como notificar su decisión hoy, fiesta nacional.

De esta forma, el Supremo mantiene la suspensión del derecho a voto para los nacionalizados por la ley de nietos que aun no estaban inscritos en el CERA como a los que sí lo estaban.

Una excepción: los consulados pueden acreditar a descendientes exiliados

Eso sí, el tribunal establece una excepción, es decir, "no regirá la suspensión" cuando los encargados de los consulados "expidan, bajo su responsabilidad, certificación acreditativa de que, a fecha 1 de agosto de 2026", esas personas accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente ser hijos o nietos de represaliados "por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual", como fija la norma y no la instrucción.

Los magistrados consideran que, "el riesgo de que se constituya irregularmente un Censo de Electores (...) sigue persistiendo con la misma intensidad" porque su "limpieza y pulcritud constituye un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad", ya que "la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de los ciudadanos puede ser puesta en entredicho".

Desde Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado que su partido auditará todas las nacionalizaciones que se hayan obtenido gracias a la 'ley de nietos' si llega al Gobierno y goza de "una fuerza suficiente".

Así, ha afirmado que se exigirán "todas las responsabilidades penales" a los "funcionarios" que hayan "certificado algo que no responde a la realidad" y "aceptando el fraude, la ocultación o la falsedad", en una entrevista en 'Horizonte' en Cuatro, recogida por Europa Press.