Tasa Google y tasa Tobin ¿qué gravan los impuestos aprobados en Consejo de Ministros?

El Consejo de Ministros han aprobado el nuevo impuesto digital y el que gravará las transacciones financieras, conocidos como tasa Google y tasa Tobin, cuyos proyectos de ley decayeron en la pasada legislatura ante el adelanto electoral, según confirmaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluía la aprobación de ambos impuestos, con los que el Ejecutivo espera recaudar unos 2.050 millones de euros (1.200 millones con el impuesto digital y 850 millones con el de transacciones financieras).

Eso sí, en el caso de la ‘tasa Google’, el Gobierno prevé aplazar el pago del impuesto digital a diciembre a la espera de un acuerdo global. En el caso de Francia no se ha suspendido el impuesto, sino que simplemente se han suspendido los pagos a cuenta de modo que la liquidación del mismo se produzca a finales de año, un procedimiento similar al que se sigue con el pago del IVA.

¿Qué es la ‘tasa Google’?

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como ‘tasa Google’,  gravará previsiblemente aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

El impuesto que aprobará el Gobierno es similar al que aprobó Francia el año pasado y cuya entrada en vigor ha paralizado tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, que había anunciado la imposición de aranceles a productos franceses por considerar que este impuesto digital penaliza principalmente a los grandes gigantes tecnológicos de Estados Unidos, como Amazon, Google o Facebook.

En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, este impuesto gravará el 3 por ciento de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros, cuya liquidación será trimestral.

El Gobierno defiende la creación de este gravamen porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal, por lo que están haciendo competencia desleal especialmente al pequeño comercio.

Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros.

¿Qué es la ‘tasa Tobin’?

Junto con este impuesto, el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente  el proyecto de ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como ‘tasa Tobin’, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.

Quedan fuera del ámbito de la ‘tasa Tobin’ la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. En concreto, entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen se encuentran las operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.

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