ALBACETE

41 detenidos en Albacete por el cobro ilegal de prestaciones públicas

La Policía Nacional también ha detenido a otras 11 personas en el resto de España implicadas en el fraude

Comisaría de Policía Nacional en Albacete

Comisaría de Policía Nacional en AlbaceteCMM

Redacción CMM
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La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido a 52 personas por un presunto cobro ilegal de prestaciones públicas. La mayoría de las detenciones han tenido lugar en Albacete, en total 41, mientras que el resto han sucedido en Alicante, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia. 

La cantidad defraudada tanto al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) como al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se cifra en más de 300.000 euros.

Uno de los detenidos es un abogado de Albacete que se dedicaba a montar empresas ficticias sin actividad para facilitar el cobro del paro a trabajadores. El investigado, junto a su mujer, figuraba como administrador de hasta 30 sociedades. Muchas de las empresas figuraban con la actividad de comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas en las ciudades de Albacete, Cuenca, Alicante y Valencia.

Los investigadores han podido constatar que gran parte de las empresas administradas por el abogado eran ficticias. Durante la investigación también han aparecido otras sociedades con altas irregulares de trabajadores en empresas que sí tenían una actividad real.

Uno de los investigados cuenta con antecedentes policiales

Sobre el abogado investigado constatan, además, antecedentes policiales por fraude de prestaciones a la Seguridad Social y falsificación documental. También le figuran numerosas reseñas policiales por delitos de estafa, defraudación y falsificación de documentos. Durante la investigación se han detectado nuevas empresas ficticias que han sido dadas de baja de oficio para que no generasen más fraude.

Al abogado, autorizado RED, así como al resto de personas implicadas en la investigación, encargados de ser testaferros, se les ha atribuido un delito de pertenencia a un grupo criminal. Los investigadores consideran que se ha creado un entramado empresarial con el fin de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal.

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