SUCESO
Cobros de hasta 10.500 euros por regularizar ilegalmente a extranjeros: cae una red que operaba en Albacete
Ofrecían a las víctimas contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes
Los detenidos actuaban en varias provincias de España.
Desarticulada una red criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos a cambio del cobro de entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso.
Actuaban en toda España y se habrían tramitado ilegalmente más de un centenar de casos. Operaban también en diversos puntos de la provincia de Albacete.
La operación se ha saldado con la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral que colaboraba con la trama.
La organización extendía su actividad en la provincia de Almería, pero también captaba ciudadanos en Murcia y diversos puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.
Un establecimiento actuaba como centro de operaciones
Asimismo, se ha llevado a cabo un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones de la trama donde se intervino abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente presuntamente de los cobros realizados a las víctimas.
Los miembros de la organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España.
Para ello, les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la Administración, pidiendo a cambio cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros.
Los agentes han podido constatar que la organización realizaba altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros y con el que se les podía incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.