BIENESTAR SOCIAL
Castilla-La Mancha es la segunda región con más plazas con financiación pública en residencias
Según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales
El informe expone que la ocupación media de las plazas residenciales que hay en Castilla-La Mancha se eleva al 98,9 %. 21/3/2011
Castilla-La Mancha supera en 7.740 plazas residenciales la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años y es la segunda región, después de Castilla y León, con mayor cobertura de plazas de financiación pública, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
La ocupación media de las plazas residenciales que hay en Castilla-La Mancha se eleva al 98,9 % frente a una media nacional del 82,4 %, y el tamaño medio de la residencias en la comunidad autónoma es de 78,7 plazas, superior a la media nacional de 73,5.
En el conjunto del país serían necesarias más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con gran dependencia y dependencia severa, según el citado informe, que recoge que las plazas residenciales -públicas y privadas- han aumentado en los cuatro años posteriores a la pandemia (2021 a 2025) en 23.075, pero la población mayor de 65 años lo ha hecho en más de 800.000 personas.
Más plazas residenciales en 2025
A comienzos de 2025, había en España 412.109 plazas residenciales para mayores, 17.044 más que el año anterior (han aumentado 4,3 %), según datos del Informe Mayores del Imserso.
Vivían 339.655 personas en centros residenciales de mayores, 62.634 más que el año anterior (el 15,9 % más), lo que supone una ocupación del 82,4 % de las plazas existentes.
La asociación de profesionales de los Servicios Sociales destaca el aumento del déficit de plazas residenciales: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 %, en el último año este déficit casi se duplica, alcanzando las 96.916.
El 75,5 % de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años.
Las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente; entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%).
La asociación lamenta el "escaso avance" de la estrategia de desinstitucionalización que planteó el Ministerio de Derechos Sociales en 2023 con las comunidades para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, reforzando los servicios de atención domiciliaria y para reducir la necesidad de plazas residenciales.
