Una gasolinera de Miguelturra, precintada por por un caso de venta fraudulenta de carburante

Los surtidores de una gasolinera de Miguelturra, en Ciudad Real, han sido precintada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación en la que se investiga la distribución y venta de hidrocarburos que habrían defraudado más de dos millones de euros a la Hacienda Pública en solo en un año. Han detenido a seis personas e investigado a otras ocho, que formaban una organización criminal, asentada en Murcia y con actividad también en Alicante y en otras provincias.

La organización se servía de un entramado de empresas para adquirir y distribuir el producto, así como de documentación mercantil alterada para dar apariencia legal a las operaciones y ocultar el origen de los beneficios, según han informado desde la Benemérita en nota de prensa. Los investigadores detectaron un movimiento inusual en varias sociedades que comercializaban carburante sin repercutir los impuestos que gravan su venta.

Solo durante el año 2025, y únicamente en relación con dos de las sociedades investigadas, la organización habría dejado de ingresar alrededor de 400.000 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y más de 1.800.000 euros en concepto de Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Durante la investigación, se ha realizado seis registros en la Región de Murcia y han sido detenidos de forma simultánea cinco de los implicados y un sexto sospechoso fue localizado y detenido al día siguiente en esa misma provincia. En los registros fueron intervenidos cinco vehículos de alta gama, alrededor de 9.000 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con la actividad investigada.

Con carácter preventivo se precintaron tres depósitos que contenían 86.000 litros de carburante y los surtidores de tres estaciones de servicio situadas en Villajoyosa (Alicante), Miguelturra (Ciudad Real) y Linares (Jaén), y se han logrado bloquear más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado.

A los detenidos se les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y, con distinto grado de participación, los delitos contra la Hacienda Pública, contra los consumidores, daños, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Todos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela.