Las Cortes aprueban la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban este jueves la proposición de ley del grupo socialista para modificar la Ley de Evaluación Ambiental. 

Una modificación que busca dar más participación a los ayuntamientos para que puedan decidir qué proyectos pueden ser desarrollados en sus términos municipales.

El grupo socialista en las Cortes regionales ha defendido la proposición de ley porque permite reforzar el papel de los ayuntamientos en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, pero que, según el PP y Vox, les da "un poder de veto".

El nuevo texto señala que, cuando el proyecto cuente con la conformidad del pleno de la corporación, "el Ayuntamiento deberá remitir al órgano ambiental certificado del acuerdo plenario, informe de compatibilidad urbanística e informe de afección socioeconómica del proyecto y sus efectos sinérgicos, de modo que se pueda continuar con la tramitación".

Además, introduce una disposición transitoria, según la cual, "se suspenderá la tramitación de los procedimientos de Declaración de Impacto Ambiental desde la entrada en vigor de la presente Ley y por un plazo máximo de 12 meses hasta la presentación de la documentación indicada".

Durante el debate parlamentario, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado que esto no supone un "impedimento" al desarrollo de la región, como ha afirmado la oposición, sino "un refuerzo de la autonomía y de la voluntad de los municipios".

En la misma línea se ha pronunciado el diputado del PSOE Francisco José Barato, quien ha resaltado que los cambios introducidos pretenden garantizar "la potestad de decisión" de los ayuntamientos, de manera que el pleno tendrá que pronunciarse y el acuerdo plenario deberá expresar la conformidad o no con el proyecto.

Sin embargo, el parlamentario del PP Santiago Lucas Torres ha afeado a la Junta que, de esta forma, intente trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad de tomar la decisión, con lo que introduce "un veto político municipal", al tiempo que el criterio técnico pasa a tener "menos peso".

Por su parte, el diputado del grupo Vox Francisco Cobo ha aseverado que esta modificación concede a los ayuntamientos "un poder de veto" y ha opinado que va a suponer "más burocracia" y la dilatación de tiempos.