SUCESO
Desarticulada una red por estafar a migrantes en situación irregular que actuaba en Guadalajara y Toledo
En la provincia de Toledo la policía ha detenido a un funcionario por su implicación directa en esta organización criminal
Hay doce detenidas por su implicación en esta red.
Desarticulada una organización criminal ofrecía trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros, utilizando documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares.
Además, emitían falsos resguardos de protección internacional por hasta 1.000 euros, haciendo creer a las víctimas que estaban en proceso de regulación legal.
La operación ha culminado con seis registros domiciliarios y 12 detenidos en las provincias de Guadalajara (5), Madrid (4), Toledo (2) y Barcelona (1), tras una investigación de varios meses.
La investigación comenzó en octubre de 2024 cuando, en la provincia de Teruel, se detectó una solicitud de autorización de residencia inicial por reagrupación familiar que no contaba con el correspondiente certificado de inscripción de pareja. Además se constató que se había presentado ciertos documentos que podrían haber sido falsificados.
A raíz de ese hallazgo, se identificaron decenas de trámites administrativos de extranjería en distintas provincias del país, en los que se constató que varias personas estaban siendo utilizadas como reagrupantes sin su consentimiento, con el objetivo de beneficiar a extranjeros en situación irregular. Estas personas fueron víctimas de engaños y estafas posteriores.
Un funcionario de un municipio de Toledo, implicado en la organización
Uno de los hechos más relevantes de esta operación ha sido la implicación directa de un funcionario del ayuntamiento de un municipio de la provincia de Toledo quien, presuntamente, facilitaba el acceso irregular a procedimientos administrativos, alteraba datos en registros oficiales y asesoraba a la organización sobre cómo simular arraigos y empadronamientos falsos.
Su colaboración habría sido esencial para el funcionamiento de la red, proporcionando una vía directa para dar apariencia de legalidad a trámites fraudulentos. La trama hacía uso de los datos obtenidos en bases de datos de acceso excluso a funcionarios, para posteriormente emplearlos en la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular a cambio de elevadas sumas de dinero.
La red criminal tenía como objetivo principal captar a migrantes que carecían de permisos de residencia, ofreciéndoles supuestas vías de legalización a través de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, como arraigo social, laboral o familiar.
A las víctimas, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad, al encontrarse en un país que no es el suyo y con escaso conocimiento del marco jurídico, se les cobraban cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 8.000 euros, dependiendo del tipo de trámite. La organización operaba en varias provincias, manteniendo una red estructurada de captación y derivación de clientes.
