El Gobierno aprueba aprueba 21 plazas de jueces y cuatro de fiscales en Castilla-La Mancha

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente de dos reales decretos con la creación de 21 nuevas plazas de jueces y 4 de fiscales para Castilla-La Mancha en 2027, dentro de un total de 700 plazas que se van a crear en toda España.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, en todo el territorio nacional se van a crear 500 plazas de jueces de las cuales 21 corresponden a Castilla-La Mancha. Esto supone un incremento del 8,9%respecto a la plantilla actual en la región.

Además, de las 200 plazas de fiscales hay 4 que son en la comunidad autónoma, lo que supone un aumento de la plantilla actual del 3,7 %, y ha añadido que entre 2025 y 2026 se han creado 45 plazas judiciales en esta comunidad, lo que se ha traducido en un aumento de plantilla del 21,1%.

Nuevas plazas judiciales en C-LM

De las nuevas plazas judiciales para Castilla-La Mancha, 16 son para Tribunales de Instancia de localidades como Guadalajara, Ciudad Real, Albacete o Toledo.

Otras 3 serán para Audiencias Provinciales y 2 serán de adscripción territorial, que pueden ser asignadas por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente para cubrir distintas necesidades de la Administración de Justicia.

Datos a nivel nacional

Del total de 500 nuevas plazas de jueces creadas en toda España, 172 son para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal.

Asimismo, 11 estarán destinadas a secciones de violencia sobre la mujer, que en esta legislatura han experimentado un incremento del 55,4 %, al pasar de 121 plazas a 188, y otras 6 plazas son para reforzar secciones de Violencia contra infancia y adolescencia.

Ha agregado que 87 plazas se destinarán a órganos mixtos y otras 42 son plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

El Ministerio ha afirmado que la distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos, como carga de trabajo, litigiosidad y población.

Esta distribución se trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.