'Fraguas Revive' abandona su proyecto de repoblación y recauda fondos para evitar la cárcel a seis de sus miembros

'Fraguas Revive' ha abierto un crowdfunding para recaudar fondos y poder pagar la multa de los repobladores de Fraguas condenados por la justicia. El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ratificó en un auto con fecha 24 de junio de 2022 la sentencia que les condena por el delito contra la ordenación del territorio a una pena de 1 año y seis meses de prisión, y les obliga a la demolición de lo construido en la zona 109.840,87 euros. 

Tras recibir respuesta de la Audiencia Provincial de Guadalajara el 11 de enero de 2023 al último recurso presentado contra el presupuesto y demolición de Fraguas, el colectivo ha decidido abandonan el proyecto tras 10 años. Los repobladores de este municipio guadalajareño Fraguas han anunciado que tras diez años de "dura batalla judicial y tres juicios" que pueden llevar a varios de sus miembros a la cárcel han decidido finalizar el proyecto "Fraguas Revive" con el que buscaban volver a habitar un pueblo abandonado de la provincia.

“Aunque ni el espacio ni el proyecto sigan adelante, consideramos que Fraguas ha sido una victoria, pues ha servido para exponer el tema de la despoblación en la opinión pública y como trampolín para personas y proyectos de vuelta al mundo rural”, ha afirmado el colectivo.

Fraguas Revive nació  en 2013 nació "para volver a habitar un pueblo abandonado desde 1968, que fue expropiado (forzosa y fraudulentamente) por el franquismo".

El colectivo ha defendido que el proyecto ya tratado de "reconstruir el pueblo de Fraguas en torno a valores como la autosuficiencia, ecología, recuperación del patrimonio y vida en comunidad" y ha lamentado que "a pesar de ser un proyecto con un impacto positivo en la demografía y economía local", de contar con "el apoyo y ayuda de los antiguos habitantes y a pesar de estar fuertemente respaldado por la sociedad civil, la Junta de Castilla la Mancha, propietaria del terreno, no lo ve con buenos ojos".

La demolición de Fraguas por un valor de 110.000 euros es una responsabilidad civil, “que no prescribe, y que de no pagarse implica la pena de cárcel de 2 años y 3 meses y en el caso de no pagarse e ir a la cárcel, después de cumplir la condena, quedaría pendiente la deuda de por vida”, han asegurado. EFE