Polémica por el proyecto de una planta fotovoltaica en Fuentelencina

La plataforma vecinal y las asociaciones ecologistas y de agricultores denuncian que no se les ha informado a tiempo de alegar al proyecto de instalación de una planta fotovoltaica en terreno de este pequeño municipio de Guadalajara, Fuentelencia, de algo más de 320 habitantes. 

Cerca de 300 hectáreas de Fuentelencina podrían acoger un nuevo parque fotovoltaico. El proyecto ya cuenta con la declaración de impacto medioambiental favorable y el visto bueno para su construcción. Pero el problema se origina en cómo se han enterado los propietarios de los terrenos.

Los afectados son mayoritariamente agricultores. Muchos jóvenes, que, además, acaban de recibir ayudas vinculantes a mantener la actividad.

Señalan al Consistorio de no haber informado sobre el proyecto a los vecinos a tiempo.

Por eso, la Asociación Provincial de Agricultores de Guadalajara, Ecologistas en Acción y una plataforma de afectados han pedido el cese del delegado provincial de Agricultura y alcalde de Fuentelencina, Santos López, al que acusan de ser "adalid de un proyecto privado" de planta fotovoltaica en su municipio.

El presidente de la Asociación Provincial de Agricultores (APAG), Juan José Laso, ha acusado al alcalde y delegado de Agricultura de priorizar este proyecto "en lugar de defender a sus vecinos y agricultores de la zona".

Laso ha apuntado que se trata de 275 hectáreas de placas fotovoltaicas y una línea de evacuación de 48 kilómetros, por lo que ha alertado del impacto paisajístico de esta planta, además de la "agresión" al sector agrícola y ganadero de la zona y la alteración del ecosistema con "nulo beneficio para la provincia de Guadalajara".

"El Ayuntamiento de Fuentelencina tiene herramientas legales para regularlo y le pedimos una moratoria para abrir un periodo de diálogo y discusión y ver si es realmente necesario", ha afirmado.

El portavoz de la plataforma de afectados que conforman más de medio centenar de agricultores, Aurelio Brihuega, ha explicado que no se han enterado "hasta hace unos días", y que en ningún momento han sido informados de forma oficial sobre el proyecto.

Ha asegurado que fue en febrero cuando la empresa promotora les envió una carta que ha calificado de "amenazante", en la que les decían "que nos abonaban mil euros por hectárea de alquiler o, si no estábamos de acuerdo, nos expropiaban".

Tras esa misiva, solicitaron una reunión con el alcalde, Santos López, que no se produjo hasta el pasado 6 de mayo y donde les afirmaron desde el Consistorio que "no querían que hubiese expropiaciones pero que si las autorizaban desde más arriba, ellos no podían hacer nada".

Actualmente está pendiente de aprobación la línea de evacuación que atravesará los términos de numerosos pueblos, como Armuña, Aranzueque, Tendilla, o el Pozo de Guadalajara, entre otros, y estos colectivos esperan que los recursos y alegaciones consigan que no salga adelante y puedan frenar el proyecto.

Santos López niega la falta de información y asegura que desde el Ayuntamiento se ha cumplido la legalidad.

Las únicas vías para parar el proyecto son: alegar la solicitud de utilidad pública para las expropiaciones y que el Ayuntamiento proteja la zona en su plan de ordenación municipal.

EFE/CMM