Reacciones a la nueva sentencia del Supremo que respalda el cambio de reglas de explotación del trasvase

El Supremo ha vuelto a dar la razón a Castilla-La Mancha y da un nuevo revés al Levante y avala el cambio de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. No ha admitido el recurso de la Diputación Provincial de Alicante y señala el tribunal que el decreto con las nuevas normas son conforme a derecho.

Una decisión que la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía  ha calificado como "una nueva victoria jurídica y estratégica en defensa del Tajo" y que "vuelve a dejar en evidencia la utilización de las instituciones públicas que están haciendo el PP y Vox en el Levante para sostener una ofensiva política y judicial a favor del trasvase Tajo-Segura".

"Y la justicia vuelve a ser muy clara: el trasvase no es un derecho adquirido, no es intocable, sino un aprovechamiento que no puede pasar por encima de la salud del propio río Tajo", ha señalado el presidente de los municipios ribereños, Borja Castro.

También se ha pronunciado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en Radio Castilla-La Mancha. Ha reclamado una actuación decidida del Gobierno de España en materia hídrica y ha señalado que "no hacen falta más sentencias ni más jurisprudencia en este asunto, lo que la situación actual requiere son decisiones políticas claras y actuaciones concretas".

Se ha mostrado muy crítico con el Gobierno central porque "ha prometido en numerosas ocasiones acabar con el trasvase Tajo-Segura, pero, sin embargo, está batiendo récord de envíos de agua desde la cabecera del Tajo a otras comunidades autónomas".

La decisión del Supremo ratifica que solo pueden trasvasarse aguas excedentarias y que las necesidades presentes y futuras de la cuenca del Tajo, incluidas las ambientales, "deben estar garantizadas antes de cualquier derivación".

Para los ribereños, esta nueva resolución consolida una línea jurisprudencial cada vez más sólida. Tras cinco resoluciones en la misma línea, la Asociación considera que el debate ya no está en si deben implantarse caudales ecológicos, sino en cuándo adaptará el Gobierno las reglas de explotación del trasvase a la nueva realidad legal y ambiental.