MIGRACIÓN

Las comunidades autónomas conocen cuántos menores migrantes deberían acoger según su población

Las primeras informaciones que han recibido desde el Gobierno regional apuntan a que a Castilla-La Mancha llegarían más de 600 menores no acompañados

Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga.

Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga.Europa Press (archivo)

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Redacción CMM
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Este miércoles se ha celebrado la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas en las que se trasladará el número de menores migrantes no acompañados que debería acoger cada territorio según su población, lo que servirá para establecer a partir de qué nivel de sobreocupación podrán pedir al Ejecutivo la derivación de los jóvenes.

Se ha tratado de una reunión previa a la próxima Conferencia Sectorial, aún sin fecha prevista.

Las primeras informaciones que han recibido desde el Gobierno regional apuntan a que a Castilla-La Mancha llegarían más de 600 menores no acompañados.

Desde Castilla-La Mancha ya se anunció un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por el decreto ley aprobado por el Congreso para determinar el reparto de menores inmigrantes

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado crítico con la forma en que el Ejecutivo central ha realizado la distribución de los menores migrantes no acompañados que debe acoger cada territorio y, si bien ha mostrado su voluntad de atender a todos los niños que lleguen a la región, ha reclamado financiación para hacerlo "con dignidad".

"Lo que se plantea es que más de 500 menores, más de 600 incluso, puedan traerlos directamente y dejarlos en Castilla-La Mancha para que los atendamos. No cabe en la cabeza de nadie que se pueda hacer de manera abrupta", ha denunciado Padilla, que ha reiterado que la región "asume sus competencias y tiene voluntad política de atender a los niños que llegan a Castilla-La Mancha y merecen una atención".

Por ello, ha exigido que "si los traen, tienen que dar medios para atenderlos con dignidad" y ha recordado la polémica que surgió en torno al proyecto de que el aeropuerto de Ciudad Real se convirtiera en un centro temporal para la atención de migrantes.

La clave de este encuentro es que el Ministerio que dirige Sira Rego ha comunicado a las autonomías cuál es la "capacidad ordinaria" de acogida de cada una dentro del sistema de protección nacional después de que las comunidades -todas menos Aragón- hayan dado al Ejecutivo los datos de cuántos jóvenes extranjeros solos acoge cada una.

Cómo se calcula este reparto de menores migrantes

Para calcular esta "capacidad ordinaria", el Ejecutivo divide la población del conjunto del país entre el número total de jóvenes migrantes que acogen todas las comunidades y, después, divide la población de cada territorio entre este último número.

Este indicador determinará qué comunidad puede pedir al Gobierno que declare la situación de 'contingencia migratoria' en su territorio -si su ocupación es tres veces superior a su capacidad ordinaria, como será el caso de Canarias, que tutela a unos 6.000 jóvenes- y active las derivaciones.

Según han explicado fuentes del Ministerio a EFE, en la reunión de este miércoles no se facilitarán datos de cuántos niños y adolescentes deberán ser trasladados a cada autonomía, ya que esto no se ha podido calcular aún.

Además, el número que asumirá cada comunidad dependerá de varios criterios: población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo de acogida (6 %), dimensionamiento estructural del sistema (10 %), dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %).

El Gobierno mantiene su previsión de comenzar con las derivaciones de unos 4.400 jóvenes desde Canarias y Ceuta a otros territorios este verano, aunque antes tiene que aprobar otro decreto de desarrollo con más detalles sobre el mecanismo.

Las comunidades presididas por el PP se oponen frontalmente a este mecanismo y algunas de ellas -Comunidad de Madrid, Aragón, Extremadura y Cantabria- lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional. El rechazo de Aragón ha dado lugar incluso a recursos cruzados con el Gobierno central en los tribunales.

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