Plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania: 16.000 millones de euros, 6.000 en ayudas directas

(I-D) La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica

El Consejo de Ministros aprueba el 'Plan de Respuesta' al impacto económico de la guerra en Ucrania

Susana Palomo Gómez
Seguir al autor

Aprobado el plan de respuesta del Gobierno a las consecuencias de la guerra en Ucrania. El Consejo de Ministros lo ha aprobado este martes. En él hay medidas económicas, laborales, para los próximos tres meses, en concreto, para contener la subida de precios hasta el  30 de junio. Dotado de 16.000 millones de euros, 6.000 serán ayudas directas. El plan responde a cinco grandes ejes: medias de apoyo a familias, trabajadores y refugiados; al tejido económico y empresarial; en materia de transportes; de ciberseguridad; y en materia de energía.

En torno al primer eje, el de apoyo a las familias, el descuento de 20 céntimos en carburantes. Bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, así como al resto de medidas que la semana pasada pactó con los transportistas, como parte del llamado Plan de Respuesta al impacto de la guerra en Ucrania.

En materia de transportes, este plan incluye una bonificación mínima hasta el próximo 30 de junio de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, dependiendo del tipo de carburante, de la que el Estado asumirá 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que se trata de una ayuda especial para el consumo de combustibles, al mismo tiempo que ha precisado que las petroleras podrán evitar el copago de esos 5 céntimos si justifican que ya aplican ofertas especiales por debajo del mercado.

Créditos ICO

Además, el Gobierno ha aprobado este martes una nueva línea de avales de créditos ICO de 10.000 millones de euros, que podrán ser solicitados hasta el 31 de diciembre y tendrán un periodo de carencia de 12 meses.

El objetivo es "responder a las necesidades de liquidez de muchas empresas y autónomos por el encarecimiento de la energía", ha destacado Calviño.

Por otra parte, y respecto a los avales vivos correspondientes a los créditos covid, ha explicado que se van a rebajar los requisitos para la extensión de vencimientos (ya no será necesario que la cifra de negocio se haya reducido más de un 30 %) y se habilitará un periodo de carencia de seis meses.

Junto con los avales, se han aprobado ayudas directas de 362 millones para el sector de la agricultura y la ganadería; 68 para el pesquero; 500 para la industria gran consumidora de energía y otros 125 para industria con utilización intensiva de gas, además de los 450 destinados al transporte de mercancías y viajeros.

Ayudas al transporte

Respecto a las medidas consensuadas con los transportistas, además del mismo descuento al combustible hasta el 30 de junio, incluyendo gasóleo, gasolina, gas y adBlue, se ha aprobado la distribución de ayudas directas. En su conjunto, el paquete a los transportistas profesionales asciende a 1.000 millones de euros.

Las ayudas directas, que sumarán 450 millones de euros, se traducirán en una cuantía de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias.

Por otro lado, se ha aprobado la ampliación del plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 10 años y la del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en seis meses. También se creará una nueva línea de crédito avalada por el ICO con 12 meses de carencia.

Otras de las medidas recogidas en el acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y que este martes ha contado con la aprobación del Consejo de Ministros, son la ampliación del presupuesto de las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que pasa de 10 a 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, o la devolución mensual, y no trimestral como hasta ahora, del gasóleo profesional.

También se ha incluido una bonificación adicional del 80% a la tasa de buque y la tasa de mercancías en las líneas marítimas de conexión entre la Península y los puertos extrapeninsulares pertenecientes al sistema portuario de titularidad estatal.

Prohibidos los despidos para quienes reciban las ayudas

Además, con este plan el Gobierno prohibirá el despido objetivo en las empresas que reciban ayudas del plan para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, así como en los que se aleguen causas que tienen que ver con el precio de la energía.

"No es necesario despedir, tienen los recursos públicos para impedirlo", ha incidido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en un mensaje dirigido a los empresarios.

La vicepresidenta ha señalado que será injustificado el despido cuando sea por causas que tienen que ver con el precio de la energía, algo que tampoco podrán hacer quienes reciban ayudas directas del plan y, como venía ocurriendo, quiénes opten por acogerse a un ERTE.

"Tendrán que devolver las ayudas", ha añadido Díaz, que ha recordado la figura de los ERTE reforzada en la reforma laboral para evitar despidos.

Ayudas a agricultores y ganaderos

Se va a poner a disposición de los productores de leche un total de 169 millones de euros en ayudas directas, ya que es uno de los sectores más afectados por el incremento de los costes por el precio de la electricidad, los piensos de alimentación animal y los combustibles provocado por la invasión rusa de Ucrania.

De esta forma, se destinarán 124 millones de euros para el sector productor de leche de vaca (210 euros por vaca hasta un máximo de 40 animales por beneficiario, 145 euros por animal entre 41 y 180 cabezas, y 80 euros por más de 180 vacas), 32,3 millones de euros a los productores de leche de oveja (15 euros por animal) y 12,7 millones de euros para los de leche de cabra (10 euros por cabeza).

En la norma que se ha aprobado este martes también se recoge la modificación normativa por la que se exime a los agricultores de la obligación de dejar en barbecho un 5% de sus superficies de cultivo y se flexibiliza el requisito de diversificación.

Según el Ministerio, con esta medida se podrán movilizar más de 600.000 hectáreas declaradas como superficies de interés ecológico, así como 2,16 millones de hectáreas declaradas para cumplir el requisito de diversificación de cultivos.

De esta forma, el sector agrario contará con más superficie para producir cereales, sobre todo maíz, y oleaginosas como el girasol, productos que se importaban de Ucrania, y así mejorar el suministro de estos productos en España.

Temas

¿Desea recibir alertas con las últimas noticias?

not_supported_text.placeholder