Sanidad lleva al Consejo de Ministros un informe sobre el acceso al aborto en la pública

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este martes al Consejo de Ministros un informe sobre la situación de los abortos practicados en la sanidad pública en los últimos años. Aunque han ido subiendo, siguen siendo una minoría respecto a los realizados en la privada, con grandes diferencias por comunidades.

Un documento elaborado por el Ministerio de Sanidad, que llega un día después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, remitiera una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares en la que les da un plazo de tres meses para poner en marcha el registro de objetores de conciencia como marca la ley.

En su nuevo informe, Sanidad hace un repaso a la situación y acceso al aborto en España en los últimos años tras haber publicado la semana pasada los datos de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) de 2024, cuando se realizaron 106.172 intervenciones, 3.000 más que en 2023, lo que supone un 3 % de aumento. El 78,74 % de esos procedimientos se realizaron en centros privados.

Los abortos ejecutados en la privada sumaron así un total de 83.609 intervenciones, 563 menos que en 2023, "un descenso leve, pero no suficiente", tal y como lamentó la semana pasada la ministra, que avisó de que su departamento trabaja para que la ley se cumpla y las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública "sin obstáculos y sin desigualdades territoriales".

García puso como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde en los últimos diez años se han practicado más de 162.000 interrupciones voluntarias y apenas 177 en hospitales públicos, algo "absolutamente inaceptable".

El informe de 2024 mantiene las enormes diferencias por comunidades de años precedentes: Cantabria fue la que más abortos practicó en centros públicos, que representaron el 88,49 % de los casos, seguida de Galicia (77,02 %), La Rioja (76,11 %) y Baleares (61,30 %).

Por el contrario, en Extremadura, Ceuta y Melilla se derivó la totalidad de las intervenciones a la privada, y la rozaron Andalucía (99,97 %), Castilla-La Mancha (99,95 %), Madrid (99,53 %) y Murcia (99,07 %). 

Desde Castilla-La Mancha, la consejera de Igualdad, preguntada este martes por este asunto ha asegurado que se trabaja desde la Consejería de Sanidad de forma "sosegada, tranquila, calmada, que creo que es la manera más oportuna" en tener profesionales que realicen abortos en sanidad pública.

Los abortos en la sanidad de Castilla-La Mancha

Mientras tanto, ha incidido en que Castilla-La Mancha está haciendo "lo que nos manda la ley" garantizando el derecho a todas las mujeres.

Sara Simón ha afirmado que se está trabajando de manera "sosegada" para incorporar profesionales que realicen interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero mientras tanto ha asegurado que el derecho al aborto de las mujeres que lo soliciten está "garantizado" en Castilla-La Mancha. "Obviamente no se puede obligar a los y las profesionales" a realizar estas interrupciones del embarazo, pero ha recordado que desde el año pasado está aprobado el decreto que regula el registro de objetores que ya está en marcha, mientras que todavía hay "cuatro comunidades autónomas en las que aún no se ha realizado".