Los datos de ocupación en Castilla-La Mancha que busca frenar la nueva ley regional

Elena Garcia Fermosel

Castilla-La Mancha es la sexta comunidad autónoma en el ránking con mayor tasa de ocupación ilegal de viviendas. Son los datos de ocupación en Castilla-La Mancha. Un problema que, en nuestra región, afecta especialmente a la provincia de Toledo, donde se registraron la mayor parte de las 296 denuncias registradas en toda la región en los primeros seis meses de 2020.

Ránking que encabezan Cataluña, con un significativo número de casos, más de 3.600, Andalucía y Madrid. En nuestro país se han presentado 7.450 denuncias por okupación ilegal, un 5 por ciento más que el año anterior en los primeros seis meses del año

Este martes ha llegado al Consejo de Gobierno la ley que quiere frenar este problema en nuestra región. Una ley que agiliza, sobre todo, los procesos de desalojo y da más capacidad a las comunidades de vecinos para intervenir y denunciar.

El problema de la ocupación en Castilla-La Mancha

De problemas con okupas saben sobre todo en la zona del Corredor del Henares, la comarca de Puertollano, Albacete y sobre todo en la Sagra toledana. Por ejemplo, solo entre estas 6 localidades se contabilizan más de 600 viviendas ocupadas.

Y aunque la ley actual protege nuestra propiedad privada, actuar de forma inmediata es complicado y eso que las denuncias crecen año a año. La pandemia además ha agravado el problema.

Hasta ahora se puede acudir a la vía civil para exigir al desalojo o a la penal si hay daños en la vivienda pero los plazos son eternos.

Confían en que se apruebe por unanimidad en las Cortes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confiado en que su Proposición de Ley de Medidas Integrales para la Protección del Patrimonio Inmobiliario, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Vecinal y Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, registrada por el PSOE en las Cortes, salga adelante por unanimidad, convencido de que este es un "texto serio, detallado, realista, aplicable y que requiere unanimidad".

Así lo ha destacado el titular de Fomento, Nacho Hernando, durante la rueda de prensa donde ha comentado los acuerdos del Consejo de Gobierno, que este mismo martes ha tomado en consideración el texto, que a su vez han registrado los socialistas en las Cortes, y que se pretende remitir al Ejecutivo central "para que lo adopte como suyo, lo tramite y se pueda aprobar".

La Ley Antiocupación que prepara el ejecutivo regional plantea precisamente eso: que los ayuntamientos tengan más legitimidad para actuar, penas más duras y una estrategia de lucha contra las mafias.

En la proposición de ley, se plantea endurecer las penas por ocupación ilegal de viviendas, así como favorecer que los ayuntamientos puedan no empadronar a los ocupas en las viviendas donde habitan ilegalmente y que los consistorios y las comunidades de vecinos puedan denunciar ante el juzgado la ocupación ilegal.

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