Cuatro detenidos y 200 investigados en una operación sobre inmigración ilegal en Talavera de la Reina

La Policía Nacional ha desmantelado una red, organizada jerárquicamente y compuesta por una gran variedad de personas, dedicada a la regularización ilegal de inmigrantes procedentes de Bangladesh que operaba desde la provincia de Toledo. 

Tras un año de investigación, la denominada operación "Bengala" ha puesto al descubierto más de 600 casos de regularizaciones realizadas de manera fraudulenta, mediante contratos de arrendamiento de viviendas y actas notariales

falsificados que posteriormente permitían la reagrupación familiar de los inmigrantes, a quienes cobraban cantidades que oscilaban entre los 1.500 y los 2.000 euros.

Esta investigación, iniciada en 2024 y desarrollada en varias fases a lo largo de este año, comenzó cuando se detectó la presencia de un elevado número de ciudadanos originarios de Bangladesh en la estación de autobuses de Talavera de la Reina: todos ellos llegaban desde Madrid portando carpetas con documentación, y regresaban en el día a la capital.

Las primeras indagaciones permitieron averiguar que todos ellos se dirigían a la misma inmobiliaria de la ciudad, donde les facilitaban un contrato de alquiler falsificado que les permitía iniciar los trámites de empadronamiento con el objeto de conseguir la reagrupación familiar.

El siguiente paso era demostrar que los inmuebles vinculados a estos empadronamientos eran aptos para acoger a una familia, por lo que se dirigían a una notaría de Talavera de la Reina para conseguir Actas Notariales que acreditaban la idoneidad de las viviendas, a pesar de que nunca habían habitado en los referidos inmuebles.

Finalmente, solicitaban la reagrupación familiar, para lo que contrataban los servicios de un abogado de la ciudad de Toledo, quien se encargaba de tramitar las solicitudes con la documentación obtenida anteriormente, a sabiendas de su falsedad y del tipo delictivo que se estaba cometiendo.

Las ganancias de la red rondan el millón de euros

Por todas estas gestiones la red criminal cobraba a los inmigrantes entre 1.500 y 2.000 euros por cada persona del grupo familiar que pretendían regularizar. De este modo, habrían logrado reagrupar ilícitamente a más de 600 personas, obteniendo unas ganancias que oscilan entre 900.000 y 1.200.000 euros.

El grupo criminal contaba tanto con "mediadores" como con "captadores" de domicilios aptos para realizar empadronamientos fraudulentos y de extranjeros interesados en reagrupar ilegalmente a sus familiares. En los registros realizados se ha recuperado gran cantidad de documentación y 4.000 euros en efectivo. En total, hay cuatro detenidos y más de doscientas personas implicadas en la trama que han resultado investigadas y tendrán que responder por los delitos de falsedaddocumental, delitos contra los ciudadanos extranjeros y grupo criminal. 

La investigación de la Policía Nacional, en la que han participado las Brigadas Locales de Policía Judicial y Extranjería y Fronteras de Talavera de la Reina, y que ha sido supervisada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Talavera, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones y conexiones con grupos que podrían estar operando en otras comunidades autónomas.