Castilla-La Mancha suma ya 44 recursos contra el trasvase Tajo-Segura

Trasvase Tajo

Elena Garcia Fermosel
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido el trasvase Tajo-Segura del mes de noviembre de 2020, 13 hectómetros cúbicos para regadío. Con este son ya 44 los recursos interpuestos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde 2015, aunque el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo, Francisco Martínez Arroyo ha reconocido que todos han sido rechazados en los tribunales porque "es ir en contra de una ley, injusta, pero normativa de obligado cumplimiento". "No hemos tenido éxito" ha explicado.

"Seguiremos intentándolo" pero el "objetivo es que se derogue de facto el memorándum y esto va a suceder en cuanto se publique la nueva planificación hidrológica del Tajo", ha asegurado el consejero.

En esta planificación hidrológica está previsto incluir un caudal ecológico mínimo para el Tajo "porque el Supremo obliga y hay voluntad" y ese caudal implicaría "la derogación de la ley".

Arroyo también ha destacado la modificación de la normativa en el trasvase Tajo-Segura. El consejero también ha confiado en que "vea la luz lo antes posible" el real decreto que disminuye la cantidad a trasvasar desde los embalses de cabecera del Tajo cuando se encuentran en nivel 2, que es la situación más habitual para los pantanos de Entrepeñas y Buendía, de 38 a 27 hectómetros cúbicos (que supone un ahorro de 11 hectómetros en cada trasvase)

Ha recordado el compromiso en este sentido de la vicepresidenta cuarta del Gobierno central y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ha precisado que si este próximo real decreto hubiera estado en vigor hace cuatro meses se hubieran dejado de trasvasar al Levante 44 hm3.

Este real decreto será "un pequeño avance que tiene que cristalizar de manera más clara en la nueva planificación hidrológica", con el establecimiento de los caudales mínimos ecológicos obligatorios.

"Para nosotros es muy importante avanzar en esa dirección y defendemos los derechos de los ciudadanos del medio rural de nuestra España interior, que tienen derecho a que el agua que está allí donde viven les ayude a poner en práctica sus proyectos de vida", ha argumentado Francisco Martínez Arroyo, quien también ha agregado que es "una defensa" de la España interior de "de un modelo de desarrollo sostenible vinculado, en muchos casos, a una agricultura social que genera empleo".

Ha dejado claro que "no se trata de una guerra entre comunidades autónomas; se trata, simplemente, de un planteamiento de modelo de desarrollo sostenible de nuestro país, de esa España interior que conocemos tan bien en Castilla-La Mancha".

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