Tras la condena al fiscal general, el Gobierno pone en marcha el mecanismo para nombrar a su sucesor

Tras la condena del Supremo a García Ortiz, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado que la discrepancia con la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados "no puede conllevar desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia".

Bolaños ha expuesto que el Gobierno "tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente" que no lo comparte.

Así las cosas, el titular de Justicia ha anunciado que en los próximos días se iniciará el mecanismo legal para nombrar a su sucesor. Según ha adelantado, "será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función".

¿Cómo se nombra al fiscal general del Estado?

El artículo 124.2 de la Constitución establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El nombramiento está a su vez regulado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 29 establece además que el fiscal general del Estado será elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

También recoge que no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, ni quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una Corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.

Recibido el informe del CGPJ, que no es vinculante, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados para que señale la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.

Una vez nombrado, el fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración de cuatro años y únicamente podrá cesar antes de que concluya dicho mandato por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, y cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

Reacción del líder de la oposición, Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de abuso de poder y de haber atacado la independencia judicial al haber mostrado su apoyo al hoy condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Feijóo ha aseverado que tras el fallo del Tribunal Supremo y "con un mínimo de decencia" a Sánchez no le quedaría otra salida que dimitir y convocar elecciones, pero también se ha mostrado convencido de que "esa salida digna" no la tomará.

Además, ha expresado su respaldo a los jueces del Supremo que han juzgado al fiscal, ha lamentado que la separación de poderes se haya visto "completamente atropellada" a tenor de la decisión del tribunal y ha añadido que García Ortiz "no cometió un delito por su cuenta y riesgo" sino que fue "un peón en la estrategia política del Ejecutivo" en una operación contra Isabel Díaz Ayuso y el PP.

"Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo", ha publicado Feijóo en la red social X.

Agencias