Vuelve al Consejo de Ministros el proyecto de ley para el buen uso de la inteligencia artificial

Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA). Supone la adaptación de la legislación española al Reglamento Europeo de IA y establece un régimen sancionador para quienes utilicen esta tecnología de forma perversa. 

El objetivo de la norma es asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la inteligencia artificial y facilitar que los usuarios diferenciar con claridad los contenidos reales de los virtuales.

El texto es una revisión del anteproyecto aprobado por el Ejecutivo hace un mes y después de someterlo a un periodo de alegaciones para su revisión por varios órganos como el Consejo General del Poder Judicial. El documento ha experimentado algunos cambios para adaptarlo a las últimas modificaciones  europeas así como para incluir la prohibición específica de los 'deepfakes' (ultrasuplantación) sexuales, tras la polémica generada por la publicación de desnudos de mujeres y menores creados por el asistente virtual (Grok) de la red social X. 

El proyecto que se remitirá a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria, diferencia varios niveles de infracciones y fija sanciones que oscilan entre los 6.000 euros para los casos más leves y los 35 millones de euros para los casos más graves, como comercializar un sistema de inteligencia artificial que esté prohibido.

Como el reglamento europeo, el primer texto elaborado por el Gobierno establece la prohibición de la IA como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento o el uso de 'chatbot' que sean capaces de identificar por ejemplo a usuarios con adición al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego online, o explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de las personas.

Desde que se aprobó el anteproyecto, varias asociaciones de usuarios y expertos en derecho digital han criticado que el texto que prepara el Gobierno excluya a las administraciones públicas del régimen de sanciones que se pueden imponer a quienes hagan un uso inadecuado de la IA y se limite en esos casos a un 'apercibimiento' sin multas.