¿Por qué hay tanto revuelo por la Ley Trans?

¿Debe permitirse la “autodeterminación de género“, es decir, definir el género propio sin intervención de un tercero, ya sea este un psicólogo o un médico? Así lo propone la última propuesta de “Ley Trans”, defendida por Unidas Podemos y que ha generado en los últimos meses enfrentamiento entre los partidos de la coalición de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), y colectivos feministas, LGTBI y Trans. El PSOE y colectivos feministas consideran que el hecho de que cualquier persona pueda inscribirse en el Registro Civil con el género que desee y adquirir automáticamente los derechos de estas personas puede chocar con los derechos que proporcionan a las mujeres las leyes de igualdad.

[Aquí puedes leer el borrador de la Ley Trans]

El borrador de Ley Trans se filtró en febrero, tras haber sido discutido durante siete meses por el Ministerio de Igualdad y entidades trans y LGTBI. Recoge las principales reivindicaciones de este colectivo que vive la contradicción de haber nacido con un sexo biológico con el que no se identifican. Por ello, su principal objetivo es poder resolver esa “incoherencia sin la intervención de terceros”. Hablan, por ello, de permitirles decidir por sí mismos sin intervención de un psicólogo. Es lo que llaman autodeterminación de género.

Un término con el que desaparecen los intermediarios y los requisitos a la hora de cambiar el nombre y el género en el Registro Civil. Este reconocimiento de la identidad sin condiciones parece ser el principal escollo entre Unidas Podemos y el PSOE, que habría impedido a Irene Montero llevar la propuesta al Consejo de Ministros.

En España no hay datos oficiales de cuántas personas trans hay. En porcentajes, son entre el 0,3% y el 0,5% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. O un 1 %, según algunas federaciones LGTB. Esta minoría española lleva años reclamando una ley integral porque aseguran que son “uno de los colectivos más vulnerables con las mayores tasas de paro”. Además, el 83% de los menores transexuales en España piensa en el suicidio y un 40% llega a intentar quitarse la vida, según cifras de la Plataforma Trans.

La situación de la Ley Trans

En la actualidad, los cambios en el Registro de la mención relativa al sexo de las personas están regulados en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, impulsada por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta ley de cambio de sexo registral exige un informe psicológico y un tratamiento hormonal a quienes quieran modificar en el Registro Civil el nombre y género.

Desde entonces, ha habido varios intentos de actualizarla. Uno de PSOE, en 2017, y otro de Unidas Podemos, en 2019: se intentó entonces sacar adelante nuevas normas y se presentaron sendas proposiciones de ley. Pero ninguna llegó a buen puerto.

En febrero de 2021 se filtró una nueva propuesta, en forma de borrador, que el gabinete de Irene Montero pretendía que fuera aprobada por el Consejo de Ministros. Según la Federación de colectivos trans del Estado Español Plataforma Trans, el PSOE la bloqueó de forma “inesperada”.  “La idea era que esta norma se tramitara por la vía ejecutiva”, explica a CMM Digital Mar Cambrollé, presidenta de esta Plataforma Trans.

Como “plan B”, el 17 de marzo de este año, la Plataforma Trans y varios partidos políticos (ERC, Junts per Catalunya, la CUP, Más País, Compromis y Nueva Canarias) presentaron en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. El documento es muy similar al borrador, y ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Otras organizaciones, como la Federación Estatal LGTB, siguen confiando en que sea el Consejo de Ministros el que apruebe la norma y saque adelante las reivindicaciones trans, “tras el fracaso de varias proposiciones de ley atascadas en la Comisión de Igualdad en anteriores legislaturas”.

¿Cuáles son los puntos de fricción?

El Ministerio de Igualdad mantiene en el borrador de la Ley Trans el cambio del sexo legal sin necesidad de requisitos previos (informes médicos y psicológicos), mientras el PSOE se opone a la libre autodeterminación de género.

El PSOE quiere hacer un reconocimiento de la dignidad de las personas trans para que tengan “el trato que merecen”, y avanzar en sus derechos, pero “sin negar las políticas de lucha por la igualdad”. La libre autodeterminación de género, consideran los socialistas, podría poner en peligro leyes como la de Igualdad.

“Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos”. El denominado “derecho a la libre determinación de la identidad sexual” o “derecho a la autodeterminación sexual” carece de racionalidad jurídica.”.

Lo que temen, según se puede leer en un argumentario de mujeres del PSOE que se filtró en junio del año pasado, es que pongan en riesgo, si se desdibujara a las mujeres como sujeto político y jurídico, algunos de los derechos conseguidos en políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y, consecuentemente, “los logros del movimiento feminista”.

Para Laura Freixas, escritora feminista, “una de las confusiones de esta ley es que confunde el sexo biológico con lo que llaman género o identidad de género que es una vivencia interna, individual y auto percibida que es imposible de definir”. Freixas cree que “esta ley desmontaría todas las políticas públicas para la igualdad entre sexos porque desmonta el concepto de sexo biológico por lo que uno siente”. Pone ejemplos en los que se produciría una situación que considera insostenible, por ejemplo, desde el punto de vista deportivo: “sería totalmente injusto que un hombre que se auto declarara mujer, sin exámenes ni otros requisitos, si compitiera contra mujeres”.

¿Diferencias ideológicas o inseguridad jurídica?

Para Cambrollé,  detrás del bloqueo “están las diferencias ideológicas entre PSOE y Unidas Podemos y no la inseguridad jurídica de la ley, como sostienen los socialistas”.  “Lo que es inseguridad jurídica es tener en vigor una ley -la de cambio registral de 2007- que tiene desde 2019 una sentencia del Tribunal Constitucional en contra“.

Hace tres años, el Alto Tribunal dictaminó a favor de la madre de un menor transexual de Aragón a la que le negaron el cambio de sexo de su hijo en el Registro Civil. Tras el fallo en contra en varias instancias jurídicas, la sentencia del Constitucional reconoció el derecho a la identidad legal del menor. “Con lo que descubrimos que desde 2007 a 2019 hemos soportado una ley inconstitucional y que a día de hoy no ha sido modificada”, afirma la activista trans.

Desde hace 14 años, con la Ley 3/2007 de 15 de marzo, en España cualquier persona mayor de edad puede cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin operación quirúrgica una condición que se pedía hasta entonces y que se cambió por un informe psicológico y dos años de tratamientos hormonales previos. Con la nueva ley trans, se eliminarían ambos requisitos.

¿Qué cambaría la proposición de Ley Trans?

Si saliera adelante tal y como está registrada en el Congreso de los de Diputados, la Proposición de Ley para la igualdad efectiva y real de las personas trans, cualquier persona podrá inscribirse en el Registro Civil con el género que desee y adquirir automáticamente los derechos de estas personas.

Con respecto a la ley vigente, el mayor cambio es que se elimina el concepto de sexo (biológico)…

Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo. La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral.

y se sustituye por el de género, entendido como una construcción social (lo que uno entiende por ser hombre y mujer). También desaparece el requisito de un informe médico o psicológico para hacerlo.

El título I regula el derecho a la identidad de género libremente manifestada, según el cual toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin necesidad de aportar diagnóstico médico o psicológico alguno.

Además, la Ley Trans contempla que en el Registro Civil, junto al género masculino y femenino se incluya el “no binario” o dejar esa casilla en blanco .

Texto completo de la proposicion de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans 

Eliminar el paso por un psicólogo

Con la nueva norma se busca desestigmatizar al colectivo transgénero, que para acceder al cambio registral de género tienen que ser diagnosticados con disforia de género, un término psiquiátrico que la Organización Mundial de la Salud descatalogó en 2018 como trastorno provocado por un desorden mental.

[Consulta el diccionario para comprender los cambios propuestos en la ley trans]

Por otro lado, la nueva ley trans elimina otro requisito, el de la mayoría de edad, reconociendo a los mayores de 16 años el libre derecho a “solicitar por sí mismos la rectificación de la mención registral del sexo” y a los de entre 12 y 16 años que “podrán efectuar la solicitud”, aunque tendrán que hacerlo a través de sus “representantes legales” o “por sí mismas con su consentimiento”.

En el supuesto de desacuerdo de los progenitores o tutores, entre sí o con la persona menor de edad o incapacitada, la persona menor de edad o incapacitada podrá efectuar la solicitud a través de cualquiera de sus representantes legales, o bien se procederá al nombramiento de un defensor judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 300 del Código Civil.

Además, el borrador no se limita a dar un nuevo marco jurídico para las personas trans sino que establece una Estrategia Estatal en la aplicación de la norma.

[…]para la inclusión social de las personas trans será el instrumento principal para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y los objetivos generales establecidos en esta ley en el ámbito de la Administración General del Estado. La Estrategia tendrá carácter cuatrienal, y su elaboración, seguimiento y evaluación corresponderá al Ministerio de Igualdad, garantizándose la participación de los departamentos ministeriales cuyas actuaciones incidan especialmente en las personas trans y de las organizaciones sociales que incluyan entre sus objetivos la defensa de los derechos de las personas trans. 

También fija que la cartera de salud incluirá el tratamiento hormonal, el proceso quirúrgico genital, el material protésico y los tratamientos para el cambio de sexo, además del acompañamiento para la salud física y mental de la persona. Algo que eliminaría las diferencias entre comunidades autónomas que existen en la actualidad en los servicios ofrecidos a los transgénero.

La autodeterminación de género en otros países de Europa

“Lo que pedimos no es más que el cumplimento de la directiva europea 20/48 de 2011 por la que se establece que los Estados deben modificar sus legislaciones en el tema de la identidad legal de las personas trans”, afirma Cambrollé.

“El cambio de género debe ser un trámite administrativo, rápido sencillo, gratuito, que no excluya por cuestión de edad y que no exija requisito médico, judicial o y pericial porque lo contrario se entiende, según la legislación de europea de los Derechos Humanos, como un atentado contra la dignidad de las personas trans“.

En esta situación países como Dinamarca, Luxemburgo, Islandia, Irlanda, Portugal, Reino Unido, Malta y Noruega ya legislan en mayor o menor medida sobre este principio. De todos ellos, los dos últimos dan total autodeterminación de género al individuo (permiten el cambio de género sin condiciones).

“Porque vivir con una identidad equivocada crea muchos conflictos, se cruza con muchos derechos fundamentales y constitucionales. Cuando se me expone públicamente con una identidad que no es la mía se atenta contra el derecho a mi intimidad, a mi honor, a mi propia imagen y a mi dignidad “, explica Cambrollé.

Los colectivos trans reclaman con esta ley “conseguir por fin una igualdad de derechos y de oportunidades”. Según la Organización Internacional de Trabajo es uno de los colectivos que las tasas más altas de exclusión laboral. “Con la norma se permitiría poner en marcha políticas activas para el empleo de personas trans como se ha hecho con otros grupos vulnerables”.

Puedes ver la entrevista editada a la activista trans, Mar Cambrollé, aquí:

 

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