• Martes 07 de Diciembre de 2021

¿Saldrán adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022?

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El pasado 7 de octubre, el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, los más expansivos de la democracia española, que destinarán 6 de cada 10 euros a gasto social, poniendo el foco en los jóvenes.

El límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’ se mantiene en los 196.142 millones de euros, en la línea con la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos. En concreto, se incluirán un total de 27.633 millones correspondientes a los fondos europeos.

El proyecto presupuestario de 2022 dedicará 12.550 millones de euros a políticas de juventud, desde vivienda a cultura y becas. Además, habrá más dinero para la investigación y crecería la tributación presupuestaria.

Sin embargo, el Gobierno tiene abiertos diferentes frentes que dificultan que estos presupuestos puedan seguir adelante. En plena crisis de socios de coalición por la reforma laboral y la retirada de un escaño de Unidas Podemos, se suma la oposición de los demás partidos al proyecto y las condiciones de otros grupos parlamentarios para aprobarlo.

Ley de la Vivienda

El Consejo de Ministros aprueba este martes la primera Ley de Vivienda de la democracia, con la que espera garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, el fomento del parque público de vivienda, la limitación de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas o las bonificaciones para incentivar a los propietarios a ofrecer precios accesibles.

Esta ley pone fin a meses de desencuentros sobre la regulación de la vivienda entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que lograron un acuerdo al respecto a comienzos de mes para salvar el último escollo en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

Sin embargo, este reglamento no ha sido el único que ha provocado un quebradero de cabeza entre los socios de Gobierno. Las negociaciones en torno a la reforma laboral es el último conflicto dentro del Ejecutivo que hace peligrar la aprobación de los PGE.

“Ley Mordaza”

Por otra parte, PSOE y Unidas Podemos han acordado darse una semana para intentar negociar las enmiendas que deberían permitir derogar esta legislatura la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ‘Ley Mordaza’.

El Congreso aceptó reformar esa norma, nacida del Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, en septiembre de 2020, cuando dio luz verde a la tramitación de la proposición de ley presentada con este objetivo por el PNV. Desde entonces, la ley sigue en stand-by y la Mesa del Congreso ha ido prorrogando constantemente el plazo para la presentación de enmiendas parciales a la misma.

Enmiendas a la totalidad a los PGE

Los partidos de la oposición también han entrado en el juego para desequilibrar el camino hacia los Presupuestos de 2022.

Vox registrará una enmienda a la totalidad a este proyecto por ser las cuentas “de la ruina, segunda edición”. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que las nuevas cuentas públicas ahondan “en el delirio radical del Gobierno frente a las verdaderas necesidades de los españoles”.

Pero no es el único que va a presentar enmiendas al proyecto. El Grupo Popular también lo hará porque, a su entender, “nacen muertos” y las previsiones macroeconómicas son “papel mojado”. El líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado que las cuentas públicas son “garantía segura de la ruina en España” porque hay que “hacer exactamente lo contrario”.

Además, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha confirmado que su formación presentará esta semana su enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos por entender que las nuevas cuentas están “en las antípodas” de lo que creen “necesario y útil” para el país.

La condición de ERC

Además, ERC y JxCAT han exigido dos cosas para no presentar enmiendas a la totalidad de los PGE.

Desde los partidos piden garantizar la ejecución de las inversiones en Cataluña o la protección del catalán en la futura ley del audiovisual, incluidas las plataformas como Netflix.

Por ahora no descartan acabar presentando una enmienda a la totalidad a las cuentas para el 2022, pero esperarán a finales de esta semana para tomar una decisión para darle margen al Gobierno para que responda a sus demandas.

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